La votación será la primera desde el golpe de 2020 y supone el inicio de una serie de citas con las urnas antes de las presidenciales de 2024
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La población de Malí está llamada a las urnas este domingo para un referéndum constitucional convocado por la junta militar sobre un proyecto que reforzaría los poderes presidenciales de cara a una transición prometida desde el golpe de Estado que derrocó en agosto de 2020 al entonces mandatario, Ibrahim Boubacar Keita.
El referéndum, que supondrá la primera vez en la que los malienses acuden a votar desde la citada asonada –seguida por otro golpe en mayo de 2021 también encabezado por el líder de la junta, Assimi Goita, para derribar a las autoridades de transición– tendrá lugar en medio del aumento de la violencia yihadista y las críticas por parte de organizaciones opositoras y de la sociedad civil al borrador de Carta Magna.
La junta ha señalado que la votación, que llega con tres meses de retraso por problemas logísticos, será la primera de una serie de citas con las urnas que desembocarían finalmente en unas elecciones presidenciales en febrero de 2024, tras años de aplazamientos pese a las presiones internacionales para que los militares devuelvan el poder a un gobierno civil.
El portavoz del gobierno de transición maliense, Abdoulaye Maiga, detalló durante la convocatoria del referéndum que los electores tendrán que responder ‘sí’ o ‘no’ a la siguiente pregunta: “¿Aprueba usted el proyecto de Constitución?”. Asimismo, afirmó que habrá tarjetas blancas (para el ‘sí’) y rojas (para el ‘no), con el objetivo de simplificar la votación.
El proceso no ha estado exento de controversias, ya que la oposición política y los firmantes del acuerdo de paz de 2015 han boicoteado los procedimientos de la comisión creada para organizar el proceso de transición –entre cuyas decisiones figura la modificación de la Constitución– al reclamar la rápida organización de elecciones para establecer una nueva autoridad con legitimidad popular.
El proyecto aspira a sustituir a la actual Carta Magna, redactada hace más de tres décadas, motivo por el que la junta ha recalcado que se trata de “la culminación de un proceso de renovación democrática”, si bien sus opositores se han mostrado escépticos ante las cláusulas destinadas a reforzar las competencias del presidente.
El documento especifica que el presidente no puede “bajo ninguna circunstancia” estar en el cargo durante más de dos mandatos, pero le concede competencias para adoptar “medidas excepcionales” en caso de una “amenaza grave e inmediata para el país”, lo que ha generado susceptibilidades, al tiempo que refleja que el presidente es el que “determina la política de la nación” –autoridad arrebatada de esta forma al Gobierno–. Además, indica que el mandatario es el encargado de nombrar al primer ministro y a los ministros, sobre los que cuenta competencias igualmente para su cese, dejando al Ejecutivo dependiente de su voluntad.
El presidente será además elegido por sufragio universal directo y contará con competencias a nivel legislativo al contar con autoridad para presentar proyectos al Parlamento e incluso someter a referéndum asuntos considerados de “interés nacional” o proyectos sobre “la organización de las instituciones del Estado”, en caso de contar con el consejo del Tribunal Constitucional.
Por otra parte, contará con autoridad para disolver el Parlamento y nombrar a miembros de las administraciones civil y judicial, al tiempo que es “el garante de la independencia del aparato judicial”, siendo incluso presidente del Consejo Supremo de la Judicatura, en una concentración de poderes en torno a su figura no vista en la Constitución anterior, que data de 1992.
Además, el proyecto recoge que “el Ejército y las fuerzas de seguridad participan en el desarrollo económico, social, cultural y de protección del país”, por lo que las Fuerzas Armadas pasan a ser responsables de la “ejecución de la ley”, una ampliación de competencias que ha provocado igualmente malestar, especialmente ante las evasivas de la junta militar a la hora de ceder el poder a los civiles.
El documento recoge, por contra, algunas exigencias formuladas por la comunidad internacional, incluida la creación de un Senado como segunda cámara parlamentaria y un Tribunal de Cuentas, al tiempo que aumenta la descentralización de las autoridades locales –un importante punto del acuerdo de paz de 2015–, así como límites no renovables de los mandatos de los miembros del Tribunal Constitucional.
EL IMPACTO DE LA INSEGURIDAD POR LA VIOLENCIA YIHADISTA
La junta contempla además el referéndum como una especie de plebiscito sobre su popularidad entre la población y demostrar a la comunidad internacional que se han registrado avances en el muy criticado proceso de transición, cuyos retrasos han derivado incluso en la imposición de duras sanciones contra Bamako por parte de organizaciones internacionales.
Así, Goita ha defendido en todo momento que la nueva Carta magna permitirá devolver al país “toda su soberanía”, en medio del distanciamiento total entre Bamako y Francia, antigua potencia colonial, en el marco de un acercamiento durante los últimos años con Rusia, que ha enviado incluso a mercenarios del Grupo Wagner –encabezado por Yevgeni Prigozhin, un oligarca cercano al presidente ruso, Vladimir Putin– para apoyar a la junta en la lucha contra el terrorismo.
De hecho, el proyecto contempla que el francés pierda su estatuto de “lengua de expresión oficial”, en un ejemplo del punto al que han llegado a deteriorarse las relaciones bilaterales, que incluyeron la ruptura de los acuerdos militares y la retirada a París de su estatus de redactor de resoluciones relativas a Bamako en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Malí ha criticado con dureza la postura de París hacia la junta militar tras los últimos golpes de Estado y el divorcio ha llevado a Francia a poner fin a su operación militar contra el yihadismo en el país africano, una decisión a la que sumaron el resto de países participantes y colaboradores con la operación ‘Barkhane’ y la Fuerza Takuba.
El distanciamiento deriva en parte de los aplazamientos en la transición, si bien París ha expresado abiertamente su malestar por el despliegue de mercenarios rusos en territorio maliense y ha amenazado del riesgo que suponía para las misiones internacionales. Por su parte, Bamako ha acusado a Francia de no hacer lo suficiente en la lucha contra el terrorismo e incluso de facilitar su propagación desde el norte del país.
En este sentido, una de las principales dudas en torno a la votación es la tasa de participación, especialmente debido al aumento de la inseguridad por las actividades de diversos grupos yihadistas –entre los que destacan el Grupo de Apoyo para el Islam y los Musulmanes (JNIM), rama de la organización terrorista Al Qaeda, y Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS)–, que ha provocado que algunas zonas del país estén fuera del control de las autoridades.
La violencia en Malí y otros países del Sahel ha provocado una grave crisis humanitaria, una de cuyas facetas es el desplazamiento de cientos de miles de personas que han huido de sus hogares intentando lograr seguridad. Así, Malí acogía a finales de 2022 a 60.000 refugiados, mientras que 440.000 malienses se encuentran desplazados a nivel interno, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El Observatorio para las Elecciones y la Buena Gobernanza en Malí destacó recientemente a través de Facebook que “ciertas regiones hacen frente a puntos de inseguridad” a causa de la “presencia de grupos terroristas”, lo que podría dificultar la votación o reducir la participación, ante la falta de avances sustanciales en la lucha contra el yihadismo por parte de la junta, que hizo de esta una de sus promesas centrales tras el golpe de 2020.
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