El Gobierno exige a las disidencias de las FARC y al ELN que cesen los enfrentamientos
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Al menos seis personas han muerto y más de 70 familias se han visto desplazadas por las violentas disputas territoriales de grupos armados en la región de Catatumbo, un área del noreste de Colombia que incluye una quincena de municipios.
Entre los fallecidos hay al menos cinco antiguos guerrilleros que se acogieron a los procesos de paz de 2016. Las víctimas, que se encontraban en pleno proceso de reinserción, han sido atacadas en diferentes municipios de Norte de Santander durante la madrugada de este viernes.
El partido surgido de aquellos acuerdos, Comunes, ha denunciado que además de estas víctimas mortales de las que ya se tiene confirmación, hay otros líderes de la región “que también están siendo perseguidos y asesinados”.
“Lo que están haciendo los grupos armados en el Catatumbo es una afrenta a la paz. Es urgente garantizar la vida de quienes en este momento están en medio del conflicto. Instamos a todas las instituciones del Estado, al Gobierno Nacional y a la comunidad internacional a dar respuesta inmediata”, ha expresado.
En medio de todo ello se encuentran los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las ya extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos armados con los que el Gobierno está en fases de negociación.
En respuesta a la nueva crisis de seguridad en la región, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha celebrado una reunión de emergencia en Casa Nariño, con varios miembros de su gabinete y de las fuerzas de seguridad.
“Exigimos tanto al ELN como a las disidencias de las FARC que detengan estos hechos violentos”, ha instado e ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien ha lamentado que estos grupos armados vuelvan a “ensañarse” con la población “cuando parece que se encuentra un camino” hacia el fin del conflicto.
Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha destacado que el ataque se ha cobrado la vida de quienes han “comparecido” ante este tribunal especial –surgido también de los acuerdos de La Habana de 2016– y han firmado la paz. “Su asesinato representa un golpe a al acuerdo”, ha lamentado.
“La Jurisdicción reitera la necesidad de ofrecer protección integral para garantizar la seguridad y el bienestar de quienes dejaron las armas y siguen cumpliendo lo pactado en La Habana”, reza un comunicado en su perfil de X.
La JEP, que ha hecho un llamamiento a las autoridades para que desarticulen los grupos armados que se disputan el control de los territorios, ha considerado que “proteger la vida e integridad” de quienes firmaron el acuerdo de paz entre las extintas FARC y Bogotá “es imperativo para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación por los crímenes cometidos”.
El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, ha expresado su “más firme condena por el asesinato de cinco firmantes de la paz y líderes en Catacumbo”. “Urge proteger a población civil y comunidades. Llamo a los grupos armados a cesar acciones violentas. La verdadera voluntad de diálogo pasa por respetar la vida de quienes optaron por la paz”, ha manifestado.
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