MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
La propietaria del vehículo que usó ETA como coche bomba para asesinar al magistrado del Tribunal Supremo Francisco Querol en octubre de 2000 y una testigo que observó como un hombre aparcaba el Renault el día anterior al atentado han ratificado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo declarado ante la Policía.
Así lo confirman a Europa Press fuentes jurídicas presentes en las dos testificales –ha faltado un tercer testigo– que apuntan que la comparecencia ha sido breve porque sólo han tenido que responder a preguntas de la dirección letrada de la asociación Dignidad y Justicia. De hecho no ha asistido ni el Ministerio Fiscal.
La propietaria del coche modelo Renault 19 que fue usado por ETA ha ratificado que puso una denuncia cuando sufrió el robo en agosto de ese mismo año y que con posterioridad al atentado le llamaron para comunicarle que su vehículo había sido usado para acabar con la vida del juez y de otras tres personas.
Cabe recordar que en ese atentado, además del magistrado de la Sala de lo Militar del Supremo, que era el objetivo, perdieron la vida su conductor, Armando Medina; el policía nacional Jesús Escudero, y un conductor de la EMT –empresa municipal de autobuses– llamado Jesús Sánchez. Otras 30 personas resultaron heridas.
La segunda persona que ha declarado este martes era una viandante que ha explicado que el día anterior al atentado vio como un hombre de 1,80 con pelo corto y sobrecamisa aparcó el vehículo justo donde giraba el autobús en un espacio “superpequeño”. Ha señalado que le llamó la atención porque se fijó “como conductora” que es, y ha señalado que se encontraba a 10 metros en un paso de cebra y por eso estuvo observando la maniobra de ese Renault 19 de color rojo.
Tras la declaración de estos dos testigos, que han comparecido ante Pedraz de manera presencial, se espera que el próximo 15 de junio se lleven a cabo otras dos declaraciones, una de ellas la de la persona que hoy no lo ha podido hacer, y el segundo sería Ibon Echezarreta, quien de acuerdo con el atestado robó la troqueladora con la que se elaboraron las matrículas utilizadas en el atentado. A lo largo de varias semanas han pasado por la Audiencia Nacional diversos testigos, como la propia hija del juez.
En diciembre de 2021, el juez Pedraz, instructor de esta causa, dio curso a una querella de Dignidad y Justicia que buscaba esclarecer la presunta participación de la cúpula de ETA en el asesinato de Querol.
En marzo fueron citados a declarar los exmiembros de la banda terrorista ETA Oier Goitia Abadía, Ana Belén Egües –alias ‘Dolores’–, Gorka Palacios, Juan Luis Rubenach e Iván Apaolaza, y los ex jefes de ETA Javier García Gaztelu –‘Txapote’–, Juan Antonio Olarra Guridi –‘Jon’– y Ainhoa Múgica Goñi –‘Olga’–. Todos se negaron a declarar ante el juez salvo Goitia, que indicó que por aquel entonces él estudiaba en Barcelona y se encargaba de mantener un piso en Salamanca para que pareciera ocupado.
EL INFORME DE LA GUARDIA CIVIL
En el marco de las pesquisas, el magistrado recibió el pasado noviembre un informe en el que la Guardia Civil identifica a ‘Iñaki de Rentería’, ‘Mikel Antza’, ‘Txapote’, ‘Jon’, ‘Baltza’, ‘Willy’, ‘Ramontxo’, ‘Anboto’ y ‘Olga’ como miembros de la cúpula terrorista que dio las “órdenes oportunas” para matar al juez Francisco Querol, que entonces contaba con 69 años.
A lo largo de 307 páginas, el Instituto Armado sitúa a estos nueve exdirigentes de ETA como miembros de su “máximo órgano de dirección” en esa época que “habrían participado en el diseño, dirección, seguimiento, facilitación de medios e impartición de las órdenes oportunas para la materialización de la acción terrorista”.
La Guardia Civil enmarca el asesinato de Querol en la nueva estrategia acordada en 1997 “de forma colegiada” por la dirección etarra de iniciar una serie de atentados contra jueces, magistrados y fiscales, tras la caída en 1992 de la cúpula de ETA en Bidart (Francia).
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