Piden que se transfiera la sanidad penitenciaria a las CCAA; solo Cataluña, País Vasco y Navarra lo han hecho
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
Solo 159 plazas de médicos de prisiones están cubiertas actualmente en España, pese a que el número total es de 481, según han denunciado este miércoles la Sociedad Española de Psiquiatría Legal (SEPL) y la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP).
En su ‘Libro Blanco sobre la atención sanitaria a las personas con trastornos mentales graves en los centros penitenciarios de España’, las dos organizaciones han apuntado a varios de los problemas que tienen los internos con trastorno mental en las prisiones españolas.
En España, se estima que entre cuatro y cinco de cada 100 personas internas tiene un trastorno mental grave, aunque la cifra podría ser “muy superior”, ya que casi el 50 por ciento de las personas internas valoradas en la consulta de Psiquiatría son diagnosticadas de un trastorno mental grave.
Sin embargo, en 2020, la ratio media estimada de médicos penitenciarios en la administración Central se encontraba en 5,2 por cada 1.000 personas internas en España, muy por debajo de la ratio media europea, estimada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 8 por cada 1.000 internos.
“Además esta ratio tiende a disminuir, lo que se explica por una reducción del personal médico (por escasez de incentivos, envejecimiento de la plantilla y jubilación sin recambio generacional) comparativamente mayor al decrecimiento de la población penitenciaria que no llega a equilibrarse en el espacio de tiempo considerado”, ha el presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, Joaquín Antón Basanta.
Para Alfredo Calcedo-Barba, ex presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, uno de los problemas de la falta de médicos es que “las plazas de los que se están marchando no se están cubriendo”. Por ejemplo, en 2022 se convocaron 80 plazas de médicos de prisiones, pero solo se cubrieron siete. Dentro de este número, hubo diez de Psiquiatría, pero solo se adjudicó una. “Es un problema muy serio, es una situación tremendamente preocupante”, ha censurado.
Esta falta de facultativos ha provocado que en el 61 por ciento de los centros penitenciarios esta atención esté prestada por especialistas vinculados a los servicios públicos con dedicación parcial variable de entre una vez a la semana y una vez al mes, dependiendo del centro penitenciario considerado.
Al hilo, el experto ha detallado cómo es la situación de los médicos de Atención Primaria y psiquiatras de las prisiones, que, por ejemplo, “están peor pagados que en el Sistema Nacional de Salud”.
“Además, muchos profesionales con vocación emigran al extranjero. La mayoría de los centros penitenciarios no tiene psiquiatra en plantilla, solo consultores a tiempo parcial que trabajan 3 horas por semana. Por ello, los médicos de Atención Primaria de prisiones se suelen ocupar de todo”, ha argumentado al respecto.
SOLO CATALUÑA, PAÍS VASCO Y NAVARRA TIENEN TRANSFERIDA LA SANIDAD PENITENCIARIA
Estos datos contrastan con lo que ocurre en las comunidades que tienen transferidas las competencias en sanidad penitenciaria: Cataluña (en 1983), País Vasco (en 2011) y Navarra (en 2021).
Aunque la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en los sistemas de salud de las CCAA debería haber ocurrido en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud del año 2003, dos décadas después solo estas tres comunidades han dado el paso en ese sentido. “Es el origen de un gran problema”, ha resaltado Calcedo-Barba.
El experto ha criticado que la actual Administración penitenciaria “no es la más idónea para proveer y gestionar la asistencia sanitaria de las personas judicializadas”. “Esta situación deteriora la calidad de la asistencia sanitaria que reciben las personas judicializadas por la falta crónica de recursos, con muy escasa dotación de personal especializado”, ha lamentado Calcedo-Barba.
Igualmente, ha insistido en que la falta de integración del sistema de sanidad penitenciaria en los sistemas de salud autonómicos, como ocurre en Cataluña y País Vasco, “se vulneran los principios de equidad, igualdad de oportunidad, arraigo y calidad asistencial que garantizan las leyes sanitarias”.
Calcedo-Barba también ha denunciado que la “gran mayoría” de los internos con trastorno mental grave están internos en centros penitenciarios ordinarios y no en establecimientos sanitarios. Concretamente, 393 están en los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios que hay en España (Sevilla y Alicante) y 1.392 en las prisiones, al margen de Cataluña y País Vasco. “Es una situación verdaderamente lamentable. Tener un paciente de Galicia ingresado en Alicante no es la mejor opción para una rehabilitación e integración progresiva”, ha sostenido.
Por otra parte, los expertos han señalado que el modelo de cuidado de las personas inimputables o semi-imputables que deben cumplir sus condenas en los hospitales psiquiátricos penitenciarios de España “dista” del adoptado por algunos países europeos, entre ellos Francia, con sus Unidades de enfermos difíciles, e Italia, con sus Residencias para la ejecución de medidas de seguridad, “con unidades pequeñas, de pocas camas, bien dotadas de personal especializado y con un esquema organizativo claramente asistencial sanitario en vez de penitenciario”.
- Te recomendamos -
