MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Más de 110.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares a raíz de la última escalada de violencia desatada en diciembre en la provincia mozambiqueña de Cabo Delgado, en el norte del país africano, una cifra “alarmante” que representa ya la segunda mayor ola de desplazados desde el estallido del conflicto de 2017, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Personas que, como Carlota, se han tenido que mover a toda prisa. En su caso, dejó su casa en Ocua, en la zona de Chiure, con lo puesto y junto a otros familiares. “No nos llevamos nada con nosotros, sólo la ropa en mochilas”, explica en declaraciones a la OIM, que ya se ha movilizado para brindar ayuda a unos 22.000 damnificados con medidas que van desde dotarles de un refugio a cubrir servicios básicos.
La principal responsable de la agencia en Mozambique, Laura Tomm-Bonde, ha admitido que existen “significativos” desafíos a los que hacer frente y que los recursos “disminuyen rápidamente”, lo que “amenaza con poner en riesgo a miles de personas que ya están en una situación vulnerable”.
El Plan de Respuesta Humanitario coordinado por la ONU para este año sólo está cubierto en un 15 por ciento –en total se han solicitado 43 millones de dólares (ceerca de 39,3 millones de euros)– y la situación ha empeorado en los últimos dos meses, por lo que las necesidades amenazan también con ir a más.
“Las necesidades inmediatas y futuras de las poblaciones desplazadas en Mozambique requieren de nuestra atención y acción colectivas”, ha expuesto Tomm-Bonde, que ha abogado también por resolver las causas que subyacen tras esta última ola de violencia y trabajar hacia una “paz sostenible”.
Las organizaciones humanitarias temen que el rebrote de la violencia alimente la expansión de enfermedades como el cólera, al tiempo que advierten de la especial vulnerabilidad de los desplazados frente a todo tipo de violaciones de los Derechos Humanos.
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