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En Comú Podem pide al Gobierno que se pronuncie si cree que el Pacto Migratorio protege la “dignidad” de los migrantes

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MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

En Comú Podem ha registrado una batería de preguntas parlamentarias al Gobierno sobre el nuevo Pacto Migratorio y de Asilo en la UE, para que se pronuncie sobre si piensa que el acuerdo establece “políticas claras” que protegen las “vidas humanas” y la “dignidad” de los migrantes.

Y cuestiona al Ejecutivo si comparte, en relación al pacto, que los países puedan pagar hasta 20.000€ por rechazar personas que exigen su derecho al asilo”.

Así lo trasladan las diputadas de la formación catalana e integrantes del grupo Sumar Aina Vidal, Júlia Boada y Gala Pin, quienes denuncian que este nuevo marco comunitario supone un “ataque a los derechos humanos”, “limita el derecho al asilo, profundiza en la externalización de fronteras” y provocará “más muertos en el mar, más retornos y menos derechos”.

“El pacto es el negro sobre blanco de lo que ya se estaba ejerciendo en las fronteras europeas, en las que el derecho a la vida y al asilo no tienen cabida, sino que es el desentendimiento de la vida de personas que huyen de horrores diversos, criminalizándolas y socavando los derechos humanos”, han indicado las parlamentarias.

Es más, en sus iniciativas, alerntan de que es la “rúbrica de una política europea vergonzosa de menos derechos, más retornos y más muertes en el mar”.

“¿Cree el Gobierno que los cambios contemplados en el Pacto de Migración y Asilo, que permiten que niños de 6 años puedan estar sometidos a controles faciales y biométricos, son compatibles con nuestra legislación en protección de la infancia y los derechos reconocidos a los menores en España?”, requieren al Ejecutivo.

A su vez, censuran que la “alarma y el horror que genera la persistencia en que la externalización de las fronteras siga siendo la piedra angular de la política migratoria de la UE, a pesar del daño documentado que ello suscita”, teniendo en cuenta la “violencia constante y generalizada y la violación de los derechos humanos llevada a cabo por Estados no pertenecientes a la UE y en nombre de ésta”.


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