MADRID, 06 (SERVIMEDIA)
Los 54 Bancos de Alimentos asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) distribuyeron el pasado ejercicio un total de 140.295.937 kilos/litros entre 1.181.483 personas que accedieron a alguna de las 6.444 entidades benéficas que colaboran en la distribución de alimentos. La cantidad distribuida fue la “peor en cinco años” y resultó un 7,5% inferior a la registrada en el mismo periodo del año 2022 y un 11,6% menor con respecto a la de 2020.
Así lo anunció este miércoles Fesbal en un comunicado en el que precisó que el 56,5% de estos alimentos provienen de excedentes alimentarios aptos para el consumo humano y el 7%, un total de 10.160.327, de donaciones de alimentos directas de empresas productoras de alimentación.
Por otro lado, el volumen de donaciones económicas de empresas y particulares descendió un 38%, hasta los 3.105.024 euros, uno de los datos “más bajos de los últimos años”.
“El descenso de la distribución de alimentos se explica por el incremento de precio de compra de la cesta básica y por la disminución del poder adquisitivo de los donantes, tanto en especie como monetaria”, sugirió la federación que, en este contexto, explicó que sus Bancos de Alimentos tienen “un gran reto por delante para el 2024”, ejercicio en el que, calculó, estas entidades dejarán de recibir “24 millones de kilos de alimentos por los cambios introducidos en el reparto de ayudas europeas”.
En este sentido, recordó que el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), que sustituye al Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD), “reemplazará” la entrega de alimentos “directa” por un sistema de tarjetas monedero a familias con hijos menores a cargo, que, durante el periodo de transición y hasta final de año, será coordinado por Cruz Roja.
RECURSOS PARA ATENDER A POBLACIÓN VULNERABLE
“Los bancos seguirán necesitando de recursos para atender a la población vulnerable que no cumple con estos nuevos requisitos: familias monoparentales, personas mayores, personas sin hogar, migrantes, personas desempleadas o con niveles bajos de ingresos, entre otros colectivos”, sentenció.
A este respecto, señaló que, según los datos publicados por el INE en el primer avance de resultados sobre el ‘Estado de la Pobreza 2024’, aproximadamente 4,3 millones de personas sufren una carencia material y social severa, con un incremento de 1,3 puntos respecto a 2022.
“De ellas, el 6,5% no puede permitirse comer carne, pescado o pollo al menos cada dos días, el dato más elevado de la última década”, denunció, al tiempo que puntualizó que “gran parte” de esas personas “no son pobres ni viven en hogares con baja intensidad de empleo”.
En este contexto, el presidente de Fesbal, Pedro Llorca, consideró que los datos sobre pobreza alimentaria “deben servir como recordatorio a la sociedad de que es un problema real que sufren muchas personas día a día”.
“Detrás de cada número hay una persona en situación de vulnerabilidad con dificultades para llevar una vida digna y la solución se debe afrontar de manera colectiva involucrando a todos los sectores de la sociedad, las empresas, las administraciones, las organizaciones sociales y la sociedad civil”, abundó, consciente de que la labor de los Bancos de Alimentos en la “lucha” contra la pobreza alimentaria “necesita del compromiso de todos para revertir esta situación”.
COLAS DEL HAMBRE
El pasado mes de enero, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención por un importe superior a los cien millones de euros a Cruz Roja Española para la puesta en marcha durante este año del programa del Fondo Social Europeo Plus de asistencia material básica (Programa Básico), en el que se enmarca un programa de tarjetas monedero que, según avanzó entonces el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, beneficiará a unas 70.000 familias y más de 100.000 personas en situaciones de vulnerabilidad extrema.
El titular de Derechos Sociales aseveró que este sistema les permitirá “no tener que ir a las colas del hambre” y supone “un paso decisivo para dignificar la protección social” en España.
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