Asegura que hay “una correlación entre el retraso estructural, los medios personales y la planta de los tribunales”
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El Defensor del Pueblo recibió en 2023 “centenares de quejas de ciudadanos por dilaciones judiciales”, una serie de retrasos que el órgano relaciona con “las huelgas del personal de la Administración de Justicia, que “agravaron la situación de retrasos en este ámbito”.
Así se desprende del informe anual del Defensor del Pueblo, recogido por Europa Press, en el que se detalla que del total de quejas un 60 % versaban sobre litigios en el ámbito civil, un 17% en lo penal, un 19% en lo social y un 1% en lo mercantil.
“Los retrasos en la Justicia, en procedimientos concretos, constituyen un motivo habitual de queja ante el Defensor del Pueblo. El número de asuntos que deben ser abordados conduce en ocasiones a retrasos llamados ‘estructurales’, cuando son generales en un órgano judicial y no circunscritos a un caso concreto, debido a la insuficiencia de medios personales o a la deficiencia de la planta judicial”, señala el documento.
El órgano, en concreto, establece que hay “una correlación entre el retraso estructural, los medios personales y la planta de los tribunales”.
El Defensor del Pueblo asegura que “debe tenerse en cuenta que un asunto recurrente en las quejas por dilaciones en juzgados de lo Social es el de las demandas de reconocimiento de incapacidad permanente, ya que no está previsto en la ley su carácter urgente o preferente”.
“SOBRECARGA” EN JUZGADOS DE LO SOCIAL
“Sin embargo, debido a la situación de sobrecarga de los juzgados de lo Social, se están generando situaciones dramáticas, que afectan a personas en situación de incapacidad física para trabajar, que se ven obligadas a acudir a la jurisdicción para declarar su situación de incapacidad laboral y que quedan en situación precaria durante el tiempo en el que se tarda en dictaminar su caso”, señala.
Asimismo, el órgano destaca que “incluso aquellas materias que deberían tener una tramitación rápida, como los despidos, se demoran en su celebración, causando graves perjuicios en la vida de las personas afectadas”.
El informe dedica un apartado a la huelga de los letrados de la Administración de Justicia y otros colectivos al servicio de la Administración de Justicia. En concreto, recuerda que el 24 de enero de 2023 se inició una huelga indefinida de los primeros que finalizó en el mes de marzo.
“Posteriormente, en el mes de mayo, se inició una huelga de los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia que finalizó en el mes de julio”, recuerda.
En este punto, recoge que “el Defensor del Pueblo inició actuaciones ante la Secretaría de Estado de Justicia para conocer las medidas que se iban a adoptar para gestionar de manera ágil y eficaz todos los procesos judiciales en curso que se habían visto suspendidos o afectados por estas huelgas”.
“El Ministerio respondió indicando que se había constituido un grupo de trabajo con las comunidades autónomas con transferencias en materia de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado a fin de determinar las medidas que permitiesen superar los problemas causados”, concluye.
JUICIOS URGENTES
En lo referido a aquellos juicios que reclaman una celebración urgente, el Defensor del Pueblo incide en que “no puede, con carácter general, proponer el adelantamiento de juicios concretos sobre la fecha inicialmente prevista”.
“Ello conllevaría, de ser aceptado, la necesidad de retrasar otros, lo que iría en perjuicio de ciudadanos y está prohibido” por ley, recuerda el informe. Solo “en supuestos excepcionales, y siempre que no pueda perjudicar a terceros, se han formulado peticiones a este respecto”, recuerda el órgano.
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