MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
Un total de 295 personas recibieron la eutanasia en España en 2022 y 75, en 2021, por lo que ya son 370 las personas que recibieron ayuda para morir desde la entrada en vigor de la Ley 3/2021 Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), hace dos años.
Así lo precisó este jueves la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) en una rueda de prensa en la que subrayó que en estos 24 meses se han presentado más de 1.000 solicitudes de ayuda para morir.
La entidad puntualizó que las 295 eutanasias de 2022 supusieron “el 0,07% del total de fallecimientos anuales en España”, una cifra “muy alejada”, a su juicio, de la registrada en Bélgica, Canadá, Países Bajos o Suiza, donde la muerte médicamente asistida representa “entre el 1% y el 4% del total”.
Asimismo, el portavoz de la asociación, Fernando Sanz, hizo hincapié en la “gran disparidad” existente entre comunidades autónomas a la hora de implementar esta prestación, de modo que mientras que en Navarra la muerte asistida supera el 0,2% del total de muertes anuales, en Murcia “apenas” llega al 0,015% y en Madrid alcanza el 0,076%, si bien estimó que los datos “son pocos e incompletos”.
En su labor de asesoramiento sobre los derechos sanitarios al final de la vida, DMD ha conocido más de 70 peticiones de eutanasia y la “mayoría” de casos se encontraron con “problemas” durante su tramitación, algunos de los cuales consideró “muy graves”. ´
FALTA DE IMPLICACIÓN DE LA SANIDAD PRIVADA
En este sentido, el médico y vicepresidente de DMD, Fernando Marín, denunció la “falta de implicación de la sanidad privada” y advirtió de que algunas personas necesitaron “más de seis meses” para “conseguir” un médico que se hiciera cargo de su solicitud “porque la sanidad privada no se ha organizado para atender estas peticiones”.
Junto a ello, criticó la postura de los objetores “de conciencia y de conveniencia” que, a su entender, “no cumplen con su obligación”, como es el deber de “recibir y rubricar” las peticiones de eutanasia y remitirlas a sus superiores.
Con todo, durante estos dos años, según su punto de vista, el “obstáculo más generalizado” ha sido el “alargamiento excesivo e injustificado” de los plazos del proceso, puesto que, de los 25 días que “podría durar” el proceso desde la primera solicitud hasta que se autoriza la eutanasia, lo “más habitual” según sus cálculos es que “dure más de 50”.
Asimismo, hizo hincapié en el contexto de “extrema debilidad y sufrimiento” en el que se producen la “mayoría” de peticiones, un “porcentaje significativo” de las cuales terminan porque la persona “fallece antes de concluirlo”. En paralelo, criticó que algunas personas “quieren tener confirmado su derecho a la eutanasia, pero no morir inmediatamente”, si bien el sistema trata de establecer un “límite” de tiempo para que “decidan” tras la autorización de la Comisión de Garantía y Evaluación.
MEDIDAS NECESARIAS
Por lo que respecta a las medidas necesarias para “mejorar” la prestación, DMD abogó por que todos los centros donde se presta atención sanitaria dispongan de un protocolo de respuesta ante una petición de eutanasia así como por implantar un sistema de “referentes”, profesionales capaces de asesorar a los facultativos que reciben una solicitud por primera vez y, a su entender, “requieren apoyo técnico, administrativo y emocional para abordarla”.
Además, insistió en la urgencia de eliminar los límites de tiempo en el aplazamiento y de mejorar la calidad de los datos recogidos, de forma que sean “comparables” entre territorios y sea posible realizar “una evaluación completa de la realidad de la eutanasia en España”, convencido de que “el número de personas que fallecerá por eutanasia crecerá en los próximos años” y de que “era una ley necesaria desde hace muchos años”.
- Te recomendamos -
