Los ejércitos de Rusia, Ucrania y Birmania recurren a este tipo de armamento, con un impacto indiscriminado sobre civiles
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
Las minas antipersona, un tipo de armamento especialmente peligroso por su impacto indiscriminado sobre la población civil, provocaron en 2022 más de 4.700 víctimas, entre ellas unos 1.660 fallecidos, según un informe global que acusa a los ejércitos de Rusia, Ucrania y Birmania de seguir recurriendo a este tipo de artefactos.
La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas (ICBL, por sus siglas en inglés) ha alertado de un aumento del uso de estas armas en el último año, pese a que en general también percibe más financiación y acciones destinadas a alcanzar un mundo libre de estos artefactos.
Más de 60 países viven bajo la amenaza de las minas, que representan un riesgo no sólo a corto plazo sino también a largo, ya que pueden permanecer ocultas años después del final de un conflicto y limitar la actividad en determinados territorios, también desde el punto de vista del aprovechamiento económico.
Los expertos han constatado víctimas en más de 50 países o territorios, con una especial incidencia sobre la población civil. De hecho, el 85 por ciento de estas víctimas han sido identificadas como civiles y alrededor de la mitad de ellas eran niños –en concreto, 1.171–.
Por países, Siria (843) y Ucrania (608) encabezan el listado, en este último caso fruto de la intensificación de un conflicto que ha multiplicado por diez los muertos o heridos en comparación con los datos de 2021, cuando Rusia aún no había lanzado su agresión sobre territorio ucraniano. Las autoridades rusas han sido acusadas de utilizar minas en numerosos escenarios, mientras que por parte de ucraniana se investiga su colocación en la ciudad de Izium y sus alrededores cuando esta zona estaba bajo control de las fuerzas de Rusia.
También se atribuye el uso de minas a grupos armados no estatales en Colombia, India, Birmania, Tailaqndia, Túnez, Argelia, Benín, Burkina Faso, República Democrática del Congo, Malí, Níger, Nigeria y Togo.
EL TRATADO
El Tratado de Prohibición de Minas, adoptado en 1997, prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de estas armas y cuenta actualmente con 164 estados parte. La directora de la ICBL, Tamar Gabelnick, ha llamado a hacer de este texto la “piedra angular” para erradicar la lacra, toda vez que “la única manera de que las comunidades estén realmente a salvo del azote de estas armas es cuando todos los Estados se hayan adherido al tratado y lo respeten plenamente”.
A día de hoy, unos 60 países están ‘contaminados’ por minas, entre ellos más de 30 que sí son parte del tratado. Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Camboya, Croacia, Etiopía, Irak, Turquía y Ucrania son los países firmantes con mayor nivel de contaminación, ya que en 2022 tenían más de 100 kilómetros cuadrados de terreno afectado por estos artefactos.
Uno de los ámbitos en los que pone especial énfasis el tratado es precisamente en el de la limpieza: los países que lo han ratificado revisaron en 2022 más de 219 kilómetros cuadrados –Camboya y Croacia concentraron más del 60 por ciento– y destruyeron casi 170.000 artefactos.
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