MADRID, 23 (SERVIMEDIA)
Empleados de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) protestaron este lunes ante las sedes de este organismo para denunciar el “abandono” que sufre la institución y para exigir al Gobierno que “las soluciones tienen que llegar” pues, de lo contrario, mantendrán acciones de movilización, como la segunda jornada de huelga, prevista para este miércoles.
Las protestas de este lunes, convocadas por los sindicatos CCOO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess, tenían el objetivo de denunciar los “incumplimientos” de los ministerios de Hacienda y Trabajo con el acuerdo al que el Gobierno y los sindicatos llegaron en 2021 para reforzar la Inspección.
Según los sindicatos, el seguimiento de las protestas de este lunes fue “masivo” y se transformó en un “verdadero grito que demuestra el hartazgo de la totalidad de los trabajadores y trabajadoras y su compromiso en participar en las actuaciones que se vayan programando para denunciar el incumplimiento de acuerdo que en su día se adoptó para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.
Al respecto, avisaron de que desde el Gobierno no pueden seguir “desoyendo el conflicto existente” y haciendo “oídos sordos a la exigencia de refuerzo del organismo, de modernización de la institución, de reconocimiento del esfuerzo de su plantilla y de puesta a punto de un servicio público que sea capaz de responder a los retos que en materia laboral ya están llamando a la puerta”.
Además, este organismo afrontó en diciembre su primera jornada de huelga en la historia y, si no hay novedades inminentes, este miércoles se celebrará la segunda. “Será un nuevo aldabonazo en la puerta de quienes están impidiendo que un acuerdo del año 2021 se haga realidad”, añadieron.
“No solo las razones están de nuestra parte: Existe suficiencia presupuestaria para abordar las medidas correctoras, suficiencia que por cierto y en lo que corresponde al ejercicio 2022 se ha despilfarrado”, denunciaron.
Para los sindicatos, existe “obligación legal de concretar dichas medidas”, aunque sea ya con un retraso de más de cuatro años.
Además, cargaron contra los “importantes niveles de obsolescencia que podemos encontrar en la institución en lo que ha medios técnicos y materiales se refiere” y contra la “política de empleo que se aplica y que hasta la fecha solo han podido ser compensados con un sobreesfuerzo adicional por parte de cada efectivo que no puede sujetarse en el tiempo”.
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