MADRID, 31 (SERVIMEDIA)
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, reclamó este miércoles en el Congreso de los Diputados “un ejercicio de solidaridad interterritorial” con Canarias en materia de inmigración y puso en valor la creación de la comisión intermisterial que ayer mantuvo su primera reunión y que volverá a convocarse en marzo.
Saiz hizo este llamamiento a las demás comunidades autónomas en su primera comparecencia ante la comisión del ramo del Congreso, donde explicó las principales líneas de actuación de su departamento en este terreno.
A su juicio, es “importante” que un tema tan delicado como las migraciones “se trabaje de forma coordinada –hasta siete ministerios forman parte de la comisión–”.
Consideró además adecuado que el Ministerio de Política Territorial presida los trabajos, ya que ejercerá “una labor de coordinación interministerial” sin que ello suponga “una vulneración de competencias” ni signifique que “dejemos de expresarnos con una única voz en lo que tiene que ser la política migratoria” del Gobierno, “basada en un enfoque de derechos y en una gestión regular y ordenada de la inmigración”.
SATURACIÓN EN CANARIAS
En su intervención, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, alertó sobre “la saturación” que se vive en las islas, donde solo en el mes de enero han llegado 6.000 migrantes de forma irregular, 900 de ellos menores.
Valoró la construcción de nuevos recursos a largo plazo, pero dijo que son necesarias “soluciones para atender a los que llegan hoy, mañana y pasado mañana”. Según Valido, hay organizaciones que informan que en los centros que gestionan “no cabe nadie más”.
Saiz replicó que los centros de Canarias se hallan al 67% de capacidad, por lo que no cabe hablar de sobresaturación. Agregó que Canarias lanzó ayer una petición de ayuda al Gobierno, que “en dos horas habilitó un nuevo recurso con la ayuda de Accem”.
Con todo, sí admitió que el archipiélago necesita “solidaridad” por parte de las demás comunidades autónomas. Destacó que el traslado a la península de adultos migrantes y la gestión en general de la crisis se abordaron en la primera reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración, que volverá a ser convocada en marzo.
Otro tema que ayer se trató se refiere a la reforma de la Ley del Menor para permitir que el Estado asuma parte de las competencias sobre infancia y pueda proceder al reparto de los menores que llegan solos a las islas. De momento, estas competencias dependen en exclusiva de las comunidades autónomas.
Dicha medida forma parte del acuerdo de investidura entre PSOE y Coalición Canaria, cuyo “cumplimiento urgente” volvió a exigir Valido. De hecho, el Ejecutivo insular ha reclamado que se apruebe “vía decreto”.
“Este Gobierno cumple sus acuerdos”, respondió la ministra. “Con sosiego, seguridad jurídica y de forma muy dialogada, le aseguro que cumpliremos el acuerdo y lo llevaremos a cabo”, prometió.
APORTACIÓN FUNDAMENTAL
Por otro lado, Saiz recurrió a “las proyecciones demográficas” para estimar que “España precisará cada año de un saldo neto de entre 200.000 y 250.000 migrantes hasta 2050”, de cara al normal mantenimiento de la economía.
Según detalló, los trabajadores migrantes “aportan el 10% de los ingresos que cada año recauda la Seguridad Social y solo le suponen un 1% de su gasto”. Su contribución resulta “fundamental”, argumentó.
REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA
Saiz avanzó también algunas modificaciones del reglamento de la Ley de Extranjería, con medidas que “simplificarán las autorizaciones de estancia, de residencia y de residencia y trabajo, así como los procesos y requisitos para su obtención”.
También “vamos a aumentar los trámites que pueden hacerse de forma telemática”, prosiguió, y “se regulará un estatus propio” de familiares de ciudadanos españoles.
El Gobierno completará la trasposición de la directiva de la UE sobre la Tarjeta Azul, que permitirá la obtención de una residencia de larga duración a los titulares de esta tarjeta; desarrollará reglamentariamente la autorización de residencia para las víctimas de violencia sexual, tal como establece la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, y adaptará las estancias de estudios a las modificaciones que introdujo la nueva Ley de Universidades.
De hecho, el nuevo desarrollo de la norma de extranjería permitirá la concesión de estancias de estudios para la totalidad del grado universitario, que “hasta ahora eran anuales”.
- Te recomendamos -
