MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
La nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, reconoció este miércoles que el hecho de que el Gobierno haya estado en funciones varios meses por la celebración de elecciones el 23 de julio “ha supuesto, muy a nuestro pesar, la ralentización de distintas normativas”.
Lo dijo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados al ser preguntada por el PNV acerca de los retrasos que se están produciendo en la elaboración del desarrollo reglamentario del fondo de nueva creación para compensar a las víctimas del amianto, una exigencia de sindicatos y organizaciones de personas afectadas por trabajar expuestas a esta sustancia cancerígena. La formación vasca también preguntó a Saiz si se van a solventar “desajustes” que se están detectando en la aplicación del nuevo permiso de paternidad de ocho semanas aprobado el pasado junio.
“Creo, sinceramente, que los avances que se han llevado a cabo en la pasada legislatura pueden calificarse de verdaderamente sustanciales en la protección de millones de personas en nuestro país”, valoró la ministra, quien añadió que “facilitar el equilibrio entre la vida personal y familiar con la profesional no es una tarea fácil”.
A su juicio, se dio un “paso adelante muy relevante cuando equiparamos a 16 semanas los permisos de maternidad y paternidad, una medida que ha situado a España entre los países más avanzados de Europa”.
Sobre el permiso de ocho semanas, la ministra comentó que “está pendiente el desarrollo reglamentario y en ello estamos trabajando para ofrecer un texto normativo adaptado a los tiempos y al ejercicio del derecho que la ley establece”.
Por otra parte, sobre el fondo del amianto, Saiz recordó que, hasta hace apenas unas semanas, “el Gobierno ha tenido limitada su acción de gobierno”. “Estar en funciones ha supuesto, muy a nuestro pesar, la ralentización de distintas normativas que estaban en desarrollo”, explicó.
Al respecto, destacó que es una norma compleja, que ha recibido muchas aportaciones y que se quiere atender el máximo número posible. “Se trata de una norma ciertamente innovadora y cuya complejidad estamos tratando de simplificar para hacer más ágil y efectiva la reparación de las víctimas del amianto”, zanjó Saiz.
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