MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó este jueves la enmienda a la totalidad de devolución al Gobierno presentada por Vox contra el proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, un intento de tumbar la norma por el que la vicepresidenta segunda y ministra del ramo, Yolanda Díaz, manifestó que “son negacionistas democráticos”, además de serlo sobre la violencia machista y el cambio climático.
La enmienda de devolución de Vox fue rechazada por 175 votos en contra, 33 a favor (los de Vox) y 137 abstenciones, de modo que el PP decidió no apoyar pero tampoco posicionarse contra el texto de los de Abascal.
En concreto, Vox pedía la devolución del proyecto de ley al Gobierno porque “no solo deja de lado las reivindicaciones históricas del sector, sino que aprovecha esta reforma para imponer cargas burocráticas y conceptos ajenos a la naturaleza del cooperativismo, que alejan al sector de sus principios tradicionales de solidaridad, democracia y autonomía”. En consecuencia, pide la devolución con la finalidad de que el Ejecutivo elabore una propuesta normativa que no sea “dañina para el bien común”.
El diputado de Vox Carlos Hernández elogió la figura de los cooperativistas y señaló que “les importa un pimiento” los intentos del Gobierno de “colonizarlas” con su ideología y de “convertirlas en un apéndice más del Estado”.
“A cualquier cooperativista, a cualquiera, lo que le preocupa es este modelo fiscal y regulatorio cada vez más asfixiante que lleva a su trabajo a la extinción y este modelo económico cada vez más global y competitivo que lleva a sus comunidades a la desintegración”, alertó Hernández.
DA IGUAL
Previamente, al defender el texto, Yolanda Díaz destacó que es “resultado de un proceso legislativo trabajado y consensuado con las entidades que componen hoy la economía social española”. “Da igual el proyecto de ley que se presente a esta Cámara, que sus oposiciones siempre son las mismas”, espetó Díaz a Vox. Además, señaló que los de Abascal siempre hablan de que “legislar es una intromisión del Gobierno para vehicular su agenda ideológica” y favorecer la “ideología de género”.
“En realidad, señorías de Vox, lo que les incomoda realmente no es el contenido del proyecto, sino justamente el propósito del proyecto. Lo que les incomoda a ustedes es que los recursos públicos, que son de los españoles y las españolas, se destinen a fortalecer un elemento de centralidad de la economía española, justamente la economía social, y garantizar el trabajo decente”, aseveró Díaz, para recordar a continuación que el 92% del Perte de la Economía Social y de los Cuidados ya se está ejecutando.
En paralelo, anunció que el proyecto de ley será sometido al criterio del órgano consultivo del Consejo del Fomento de la Economía Social y proclamó que “esta norma es de verdad y sirve para mejorar la vida de la gente”.
ARGUMENTOS DE SIEMPRE
Por su parte, la diputada del PP Cristina Teniente dijo que en el PP comparten la filosofía de la ley pero aclaró que discrepan de aspectos “importantes” que contiene, dado que va a generar “nuevos problemas” al sector. No obstante, rechazó presentar enmiendas a la totalidad, ya que su objetivo es mejorar la norma durante su tramitación.
A su juicio, Vox ha presentado una enmienda a la totalidad “con los argumentes de siempre”, a diferencia del PP, que se ha sentado con las organizaciones del sector, como Cepes, que les han trasladado sus inquietudes. Igualmente, señaló que el texto contiene “un cambio de modelo excluyente” y “lesivo” al definir quién puede y no estar dentro de la economía social.
Además, otros partidos se posicionaron contra la enmienda a la totalidad, como el PNV y Esquerra, quienes indicaron que intentarán mejorar la norma durante su tramitación. Mientras, Sumar acusó a vox de “hipocresía” con la economía social, porque dicen defender a las cooperativas y, en realidad, “con su enmienda, lo que hacen es atacarlas”.
En la misma línea, la diputada del PSOE Elisa Garrido recriminó a Vox su “falta de respeto” y de “trabajo” y lamentó que no realicen un debate “en serio” sobre este tipo de economía. Asimismo, preguntó a los de Abascal si defienden a las cooperativas agrícolas mientras sus “socios internacionales” como Donald Trump les impone aranceles.
CONTENIDO DE LA LEY
Cabe recordar que la norma modifica la Ley de Cooperativas, de Empresas de Inserción y de la Economía Social. Así, adapta el funcionamiento interno de las cooperativas, la fórmula empresarial de la economía social que tiene mayor arraigo, a las nuevas formas de comunicación y participación basadas en las nuevas tecnologías.
En adelante, por ejemplo, las cooperativas de 500 o más socios tendrán la obligación de crear e inscribir una web con un contenido mínimo determinado que garantice la accesibilidad y la transparencia de la organización hacia sus socios.
El principio cooperativo de igualdad se reflejará de forma más efectiva con la elaboración de planes de igualdad cooperativos y se evitará el uso abusivo de las cooperativas recurriendo al procedimiento administrativo de la descalificación, en especial en los casos de subcontratación con un nivel de dependencia económica de la contratista que sea igual o superior al 75%.
Modifica la regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, las entidades que facilitan la participación en el mercado laboral de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Con el consenso del sector se refuerza la definición de colectivos o personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social, evitando su estigmatización.
También se modifica la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social clarificando las tipologías y el catálogo de entidades que integran el sector. Además, se reformulan los objetivos que deben internalizar las políticas públicas en la actividad de promoción del sector, al tiempo que el texto lucha contra el “falso cooperativismo”.
En España, las cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social, cofradías, mutualidades, fundaciones sin ánimo de lucro y otras entidades que conforman la Economía Social representan el 10% del PIB. Más de 2,2 millones de personas trabajan en estas entidades que combaten la desigualdad con una redistribución más equitativa de los beneficios. En las más de 43.000 empresas que integran el sector el 60% de las personas trabajadoras son mujeres. Estas entidades se sitúan a la vanguardia en la reducción de brecha de género.
- Te recomendamos -
