MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de anular la adjudicación de la empresa pública Aigües del Ter-Llobregat (ATLL) a Acciona costará unos 304,4 millones de euros. Tras esta resolución del TSJC, que resuelve los tres recursos presentados por ATLL, después de que el alto tribunal catalán anulara la adjudicación del contrato en 2015 y fuera confirmado tres años después por el Tribunal Supremo, ahora el Gobierno catalán puede presentar un recurso de casación contra el fallo.
Por su parte, la empresa pública está estudiando los fundamentos jurídicos de las sentencias por si hubiera que realizar más acciones legales. La justicia ha reconocido en tres sentencias el derecho de la parte afectada a obtener esta cantidad millonaria por los conceptos de canon no amortizado (262,8 millones), inversiones realizadas no amortizadas (38,2 millones) y costes de licitación y constitución (3,37 millones).
El tribunal establece que la empresa adjudicataria tiene que ser retribuida por la prestación de servicio que hizo entre enero y febrero de 2019 y, además, fija que se le retorne la garantía definitiva y resarcirla de los gastos de mantenimiento del aval desde que debió producirse la devolución hasta su definitiva cancelación.
Cabe destacar que las sentencias no se han pronunciado sobre la pretensión de la cotizada de percibir 794,8 millones de euros por daños y perjuicios (incluyendo el lucro cesante), de ahí que Acciona haya informado de que esté analizando “acciones legales y/o judiciales” a través de un recurso extraordinario de casación. La reclamación global era de 1.064,3 millones.
Como en 2019 Acciona cedió los derechos de cobro derivados de este litigio con la Generalitat al fondo estadounidense Fortress, no sería la empresa española la que percibiría esta suma de dinero, sino que sería esta última. Esta firma de inversión especializada en litigios de larga duración y con base en Nueva York, pagó a Acciona 170 millones de euros por asumir la demanda contra ATLL, aunque podría acabar recibiendo más dinero aún por determinar y que va en función del importe concedido.
Todo ello sería el resultado de la decisión adoptada en 2012 por el Ejecutivo que presidía Artur Mas que requería de ingresos extraordinarios para atender las necesidades de tesorería del Govern. Ahora los contribuyentes catalanes podrían tener que hacer frente a las consecuencias económicas de este litigio.
LITIGIO DE 2012
El embrollo judicial se remonta a 2012, cuando se originó la concesión del Gobierno de Mas, en plena crisis económica, que posteriormente fue llevada a los tribunales por Agbar.
La operación desde un punto de vista económico se deirigió desde la Consejería de Economía al frente de la cual estaba Andreu Mas-Colell, con el objetivo de recaudar fondos y justo antes de las elecciones. Por otro lado, la consejería de Territorio, por aquel momento dirigida por Lluís Recoder, diseñó y adjudicó la licitación. El secretario de la consejería, Pau Villòria, firmó la adjudicación.
La impugnación judicial de la concesión por parte de Agbar motivó la anulación de la adjudicación a Acciona con la correspondiente reclamación de una compensación millonaria a la Generalitat. La empresa que se sentía perjudicada llegó a reclamar más de 1.000 millones a la Generalitat, una cifra que el TSJC ha rebajado ahora hasta los 304 millones.
En 2018, en cumplimiento de las resoluciones judiciales, el conseller que ostentaba la cartera de Territori, Damià Calvet, ordenó la liquidación de la concesión aprobada en 2012 por el abastecimiento de agua en alta a través de ATLL.
Cuando se anuló el concurso, después de que Agbar impugnara las deficiencias legales que consideraba había en el procedimiento, ATLL devino en sociedad pública ahora denominada ATL. Produce lo que se denomina el agua en alta, es decir, el agua potable que se distribuye hasta 23 municipios metropolitanos, incluido Barcelona, y tiene como principal cliente a Agbar. Extrae el agua del Ter y Llobregat y la trata en sus plantas de Cardedeu y Abrera. Además, posee las desalinizadoras de Tordera y El Prat.
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