Numerosas ONG muestran su preocupación por la represión contra manifestantes y periodistas durante las protestas
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Supremo de Venezuela ha aceptado este jueves el recurso de amparo presentado por el presidente del país, Nicolás Maduro, tras lo que ha iniciado el proceso de “investigación” y “verificación” de los resultados electorales publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que daban como ganador al actual mandatario con el 51 por ciento de los votos, algo que la oposición y gran parte de la comunidad internacional rechazan.
“Decisión: se admite, se aboca e inicia el proceso de investigación y verificación para certificar de manera irrestricta los resultados del proceso electoral realizado el 28 de julio de 2024, solicitado por el ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, mediante el presente recurso contencioso electoral”, ha expresado el Tribunal en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.
Es por ello por lo que ha convocado a todos los candidatos que se presentaron a las presidenciales, incluidos Maduro y el candidato opositor Edmundo González, para que comparezcan ‘intuitu personae’.
“Esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela asume el compromiso con la Paz, la Democracia, y en procura del orden Constitucional de la República, garantizando que la voluntad de las electoras y los electores reciba una efectiva y oportuna tutela judicial”, ha añadido.
NUMEROSAS ONG MUESTRAN SU PREOCUPACIÓN POR LA REPRESIÓN
La ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha mostrado su preocupación por las agresiones y detenciones contra periodistas en el marco de las protestas contra los resultados electorales, de los que aún no se han presentado los resultados detallados de las actas.
Así, ha destacado en un comunicado que el periodista Jesús Romero, del portal de noticias Código Urbe, recibió dos disparos, uno en el abdomen y otro en la pierna, y tuvo que ser operado.
Además, ha registrado la detención de los periodistas Yousner Alvarado –camarógrafo del portal Noticia Digital y acusado de terrorismo–, Joaquín De Ponte –que el día anterior había cubierto las manifestaciones contra los resultados electorales y acusado de incitación al odio y al terrorismo, ahora en libertad–, del camarógrafo de VPI-TV Paul León –sigue detenido e incomunicado– y de Gabriel Rodríguez –del portal Noticias Neveri–.
“Al menos 41 violaciones a la libertad de prensa fueron registradas por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), socio local de RSF, durante las elecciones presidenciales del 28 de julio. La organización registró 27 restricciones de acceso a la información (el CNE impidió a los periodistas entrar en los colegios electorales), doce agresiones físicas o verbales, y un caso de detención: el periodista español Cake Minuesa, de ‘OkDiario’, fue detenido el 29 de julio y después deportado a España”, ha añadido RSF.
Además, otras ONG como Amnistía Internacional (AI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS, la Comisión Internacional de Juristas, Freedom House, Global Centre for the Responsibility to Protect, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Robert F. Kennedy Human Rights han denunciado los “altos índices de violencia y represión”.
De igual forma, han exigido a las autoridades que garanticen el respeto de los Derechos Humanos, especialmente los de la vida, integridad personal y la libertad frente al “uso desproporcionado de la fuerza” por parte de las fuerzas de seguridad.
“El contexto preelectoral y postelectoral en Venezuela ha estado marcado por represión y múltiples violaciones a los Derechos Humanos, incluyendo un grave patrón de detenciones por razones políticas, muertes potencialmente ilícitas, restricciones a la libertad de prensa y cortes de internet. Nos preocupa particularmente los cientos de detenciones arbitrarias posteriores al 28 de julio, documentadas por las organizaciones nacionales, quienes continúan recibiendo información de nuevos casos y llevan a cabo esta labor de documentación en un contexto sumamente adverso”, han agregado las organizaciones.
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