MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Supremo de India ha aceptado estudiar una petición para legalizar el matrimonio homosexual en todo el país aprovechando las ventajas ofrecidas por la ley de matrimonios interreligiosos, la declaración de la privacidad como derecho fundamental y la despenalización de las relaciones homosexuales en 2018.
Todas estas leyes han sido evocadas por una pareja homosexual para plantear su caso ante el Supremo del país, cuyos magistrados, recuerdan los solicitantes, ya han expresado en más de una ocasión que los miembros de la comunidad LGBTQ+ tienen los mismos derechos fundamentales y constitucionales que el resto de ciudadanos.
Sin embargo, el marco legal que regula la institución matrimonial en India no permite el matrimonio de los miembros de la comunidad LGBTQ+, en lo que los peticionarios consideran una violación de la Constitución nacional.
Los dos solicitantes son pareja desde hace 17 años y están criando a dos hijos juntos, pero la imposiblidad para legalizar su relación en matrimonio les ha incapacitado para mantener cualquier tipo de relación legal con sus hijos, informa la cadena NDTV.
El magistrado jefe del Supremo, D.Y. Chandrachud, conocido por su aperturismo hacia la comunidad LGBTQ+, ha concedido de momento al Gobierno indio cuatro semanas para adoptar una postura oficial sobre la petición antes de seguir adelante con los trámites.
El gobierno del primer ministro, Narendra Modi, ya se opuso al reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo en virtud de la Ley de matrimonio hindú en un caso separado. Según los abogados del Gobierno, cualquier permiso para matrimonios entre personas del mismo sexo iría en contra de los valores culturales de la sociedad india.
En 2018, sin embargo, el Gobierno evitó pronunciarse sobre la despenalización de las relaciones sexuales y dejó la decisión en manos del Supremo, que se ha mostrado cada vez más receptivo a escuchar este tipo de casos.
Por ejemplo, a principios de este año, un grupo de jueces, incluido Chandrachud, dictaminó que las familias no tradicionales tienen derecho a protección. El fallo, aunque no estaba dirigido específicamente a la comunidad LGBTQ, creó un espacio para que estos hogares recibieran beneficios bajo la legislación de bienestar social.
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