MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado el recurso planteado por Patrimonio Nacional y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial avalando así las exhumaciones en el Valle de los Caídos, renombrado como Cuelgamuros.
En el auto, adelantado por ‘La Razón’ y al que ha tenido acceso Europa Press, se desestiman los recursos que habían interpuesto la Fundación Francisco Franco y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, si bien cabe contra la resolución un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (TS).
Este fallo anula la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid del 29 de septiembre de 2023, que revocó la licencia urbanística para las obras necesarias para acometer las exhumaciones del Valle de Cuelgamuros.
Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha celebrado que las exhumaciones en las criptas del Valle de Cuelgamuros “continúan”. “El TSJM falla en contra de quienes desde el principio han intentado paralizar estos trabajos: Fundación Francisco Franco y organizaciones de extrema derecha”, ha escrito Torres en la red social X, asegurando que es una “gran noticia para los familiares de víctimas, para la reparación y para la Memoria Democrática”.
Precisamente el 29 de septiembre de 2023 el juzgado de lo Contencioso-Aministrativo número 10 de Madrid anuló la licencia de obras después de que en junio de ese mismo año el Gobierno iniciara los trabajos para exhumar a las víctimas de la Guerra Civil para dar cumplimiento a Ley de Memoria Democrática.
La primera resolución judicial que reconoció a los descendientes represaliados por la dictadura el derecho a recuperar los restos de sus familiares fallecidos en Cuelgamuros data de 2016, el mismo año en el que los descendientes de los hermanos Lapeña –fusilados en Calatayud en 1936 y trasladados al antiguo Valle de los Caídos– consiguieron que el Juzgado de San Lorenzo del Escorial reconociera el derecho a una “sepultura digna” para los hermanos y estableció que los restos mortales fueran entregados a su nieta.
Sin embargo, y pese a la firmeza de la resolución, el abogado de la familia, Eduardo Ranz, denunció ya en 2023 el incumplimiento por parte del Gobierno de dicho auto. Tras el nuevo fallo del TSJM, Ranz manifestó a través de un comunicado que se trata de “un error más” que sufren las víctimas del franquismo.
Al hilo, recriminó que la realidad es que llevan esperando nueve años el “legítimo derecho de la familia Lapeña y el resto, a recuperar a sus familiares”.
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