Las euroórdenes volverían a toparse con el filtro de las autoridades judiciales belgas
MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
El Tribunal General de la UE (TGUE) ha despejado este miércoles el camino para que el instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, reactive las euroórdenes contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y sus ex consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, al retirar la inmunidad de los tres eurodiputados, que hasta ahora la tenían activada cautelarmente.
La corte comunitaria ha rechazado los dos recursos presentados por la defensa de Puigdemont, Comín y Ponsatí, levantando su protección parlamentaria y avalando los suplicatorios concedidos por la Eurocámara para que Llarena pudiera procesarlos.
Las órdenes de entrega y detención europeas (OEDEs) estaban vigentes hasta el pasado enero, cuando el magistrado del Tribunal Supremo (TS) las dejó sin efecto a la espera de que se resolvieran dos cuestiones clave.
La primera era la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la cuestión prejudicial que Llarena planteó para que fijara el alcance de las euroórdenes después de que los jueces belgas se negaran a entregar a Lluís Puig.
El alto tribunal removió este primer obstáculo el 31 de enero al establecer que las autoridades judiciales que reciban las OEDEs no pueden negarse a ejecutarlas en base a presuntas violaciones de derechos fundamentales si no se demuestran deficiencias sistémicas y generalizadas en España.
La segunda incógnita a despejar era, precisamente, el fallo conocido este miércoles sobre la inmunidad y los suplicatorios. Por lo que ahora, retirado el blindaje y respaldados los permisos de la Eurocámara, el instructor del ‘procés’ podría reactivar las euroórdenes respecto a los tres eurodiputados.
UN PROCESO LARGO
Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press aclaran que, si bien las resoluciones de los tribunales europeos ayudan, no implican una entrega inmediata del ex president y los ex consellers.
En primer lugar, porque el fallo del TGUE no es firme. Aún puede recurrirse en casación ante el TJUE, para lo cual hay un plazo de dos meses y diez días que la defensa ya ha avanzado que agotará para acabar impugnando. Además, se espera que solicite como medida cautelar que se les devuelva la inmunidad hasta que se resuelva el fondo del asunto, tal y como ocurrió respecto a los recursos desestimados este miércoles.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que, una vez dictadas las euroórdenes, son los jueces belgas quienes tienen que acordar la detención y entrega de Puigdemont y sus antiguos ex consejeros. Desde el Supremo no se descarta la posibilidad de que vuelvan a aducir “razones banales” para no enviarlos a España, lo que podría obligar a Llarena a plantear una nueva cuestión prejudicial, con las dilaciones consecuentes.
Prueba de que estamos ante un proceso lento es que desde junio el Supremo podía reactivar la euroorden contra Puig, ya que en su caso Llarena solo estaba pendiente de dos cosas: la respuesta del TJUE a la cuestión prejudicial –resuelta en enero– y que los nuevos autos de procesamiento fueran firmes –algo que ocurrió el mes pasado–. Sin embargo, el instructor aún no lo ha hecho.
Cabe recordar que, tras la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación, Puigdemont, Comín y Puig están procesados por delitos de desobediencia y malversación agravada; mientras que Ponsatí lo está solo por desobediencia. Contra todos ellos ya había vigentes órdenes nacionales de busca y captura.
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