MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El Tribunal de Cuentas ha aprobado este jueves su Instrucción para la fiscalización de las contabilidades de las elecciones generales de 23 de julio, con la que regula el sistema de presentación de las contabilidades electorales cuya fiscalización es competencia del Tribunal de Cuentas.
La Instrucción, que se publicará en próximos días en el Boletín Oficial del Estado, especifica el alcance y los requisitos de la documentación contable y justificativa que ha de remitirse al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo establecido en la normativa electoral.
Al igual que se exigió con motivo de las elecciones locales del 28 de mayo, los partidos políticos van a tener que presentar una memoria de los actos y mítines celebrados en la campaña electoral y una memoria explicativa de los gastos por envíos de propaganda electoral, en la que se informará de los elementos incluidos en los sobres contenedores de los envíos, las empresas encargadas de la confección y distribución, la relación de las facturas justificativas de dichos gastos, así como el destino de los envíos por circunscripciones.
Según informa la institución, las formaciones políticas han de presentar su contabilidad electoral entre los cien y ciento veinticinco días tras la celebración de las elecciones, por lo que el plazo de presentación se extenderá al periodo comprendido entre el 31 de octubre y el 25 de noviembre de 2023.
La remisión de las contabilidades se realizará a través de la sede electrónica de la Institución, que se puso en marcha “con éxito” en 2019 y que “contribuyó a la mejora de la eficiencia en el control de los ingresos y gastos electorales”.
LOS PARTIDOS MOVIERON 60 MILLONES HACE CUATRO AÑOS
Además, el Tribunal de Cuentas ha hecho el cálculo de los distintos límites de gastos de las campañas electorales y de las posibles infracciones y sanciones en que podrían incurrir los partidos políticos por su superación.
En estas elecciones generales se prevé la movilización de importantes recursos públicos. En las generales de abril de 2019, el último precedente similar porque en las de noviembre de ese año las subvenciones se recortaron dado que era una repetición de comicios, se realizaron gastos electorales por un total de 60 millones de euros.
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