Sostiene que ni avisó con tiempo ni explicó las razones por las que no puede acudir a la sede en Madrid
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El Tribunal de Cuentas (TCu) ha denegado la petición del expresidente catalán huido y líder de Junts Carles Puigdemont de comparecer por videoconferencia en el juicio que se celebrará el viernes contra él y otros 34 excargos del Govern por la responsabilidad contable del presunto desvío de gastos relativos al 1-O y a la acción exterior del ‘procés’.
En una providencia, recogida por Europa Press, el órgano fiscalizador explica que la solicitud “no se ha realizado con la antelación suficiente para poder ser tramitada en los términos previstos por la ley”.
La Consejera del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento del TCu incide en que Puigdemont ha tenido “casi un año para poder realizar su petición y, sin embargo, no la han formulado hasta que faltaban cuatro días para el acto de la práctica de la prueba”.
Además, el tribunal recalca que la defensa no ha explicado ni ha justificado las causas y razones por las que el líder independentista no podría comparecer a declarar este viernes en la sede de la madrileña calle de Fuencarral.
RECURREN LA DECISIÓN
Este mismo miércoles, la defensa del exdelegado del Govern en Francia Martí Anglada –el codemandado en el procedimiento que solicitó la declaración de Puigdemont de cara al juicio– ha presentado un recurso de reposición contra la decisión del TCu al considerar que es “lesiva” y no está “ajustada a Derecho”.
Según incide Anglada, el líder de Junts ha precisado de forma “explícita” las razones por las que no puede comparecer de forma presencial en Madrid. “Por razón de la distancia”, señala en referencia a que se encuentra fuera de España.
Para el exdelegado, “no deja de ser sorprendente el desapego de la realidad que se manifiesta” por parte del TCu con la resolución recurrida. En este sentido, subraya que “es un hecho público y notorio” que el expresidente catalán se encuentra fuera del país.
Así las cosas, denuncia que se le “está privando de una prueba” que considera “escencial”. Y asegura que es “lógico” que Puigdemont no pidiera la videoconferencia “hace un año” porque cuando se accedió a su citación no se especificó que tendría que ser presencial.
Al margen, apunta que Puigdemont le informó de que no había recibido citación alguna para comparecer ante el TCu. “De haberla recibido igual habría podido adaptar su agenda”, añade.
Asimismo, Anglada indica que como codemandado podía haber pedido la comparecencia del expresidente por videoconferencia con anterioridad “si hubiera sabido, hace un año, en qué circunstancias geográficas se encontraría” el líder de Junts.
Ante la negativa de acceder a una declaración telemática, recuerda que “el soporte técnico de videoconferencia está previsto y disponible en la inmensa mayoría de tribunales de este país”. Y asegura que el propio Tribunal Supremo dijo ya que esta modalidad de comparecencia no es un “capricho” del ciudadano sino un derecho exigible.
ERC PIDE SUSPENDER EL JUICIO
La vista –a la que no tienen obligación de comparecer los encausados pero sí sus defensas– está fijada en el calendario para las 11.00 horas del 17 de noviembre e incluye la práctica de tres testificales, incluida la del propio Puigdemont.
Los encausados de ERC, sin embargo, han pedido que se suspenda la vista a la espera de la aprobación de la ley de amnistía toda vez que el PSOE presentó el lunes en el Congreso la proposición de ley. Los republicanos consideran que es “altamente probable” que la entrada en vigor de la norma tenga lugar en los próximos meses y aseguran que el juicio del viernes puede “acarrear cargas procesales innecesarias”. Hasta el momento no ha trascendido respuesta alguna del Tribunal de Cuentas.
No es la primera vez que se solicita la suspensión del juicio. De hecho, recientemente Puigdemont y los exconsejeros huidos Lluís Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí pidieron que no se celebrara la vista porque consideran que primero debe haber una resolución penal firme. El TCu desestimó la petición.
En caso de que el órgano rechace también la súplica de ERC, se prevé que el mismo viernes el asunto quede visto para sentencia, toda vez que se espera que el juicio dure solo un día y que las conclusiones –tanto de las acusaciones como de las defensas– se presentarán después por escrito.
EXPRESIDENTES, EXCONSEJEROS Y EXDELEGADOS
En esta causa la Fiscalía reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama 5 millones de euros a 11 excargos del Govern incluidos en la lista del Ministerio Público. Los encausados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos.
Entre los 35 nombres consta –además de Puigdemont– el del expresidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de un millón de euros en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.
En la lista también figuran exconsejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y JordiTurull; exconsejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).
Asimismo, están encausados nueve personas que fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en la causa abierta por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Destacan el exsecretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nim; el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons; el exsecretario general de Trabajo Josep Ginesta; y el exdirector del Diplocat Albert Royo.
La Fiscalía precisó en su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, que la parte de la demanda dedicada a los gastos del 1-O “cumple la encomienda realizada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo” al condenar por malversación a Junqueras y a los ex consejeros Romeva, Bassa y Turull. También incluyó en su demanda a tres “rebeldes”: Puigdemont, Comín y Puig.
Respecto a la parte de la demanda relativa a los gastos de la acción exterior, el Ministerio Fiscal incluyó tanto los viajes realizados por el expresidente y los exconsejeros como los gastos efectuados por las distintas delegaciones de la Generalitat en el extranjero y las diversas actividades del ‘Diplocat’, tanto aquellas destinadas a promocionar el proceso soberanista como otra serie de gastos.
EN CASO DE UNA AMNISTÍA
Ahora, ante la aprobación de una futura ley que amnistíe al independentismo catalán, las fuentes consultadas no descartan que el órgano fiscalizador pueda presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para consultar la legalidad de la norma. Subrayan, sin embargo, que no hay precedentes porque el TCu nunca ha presentado una cuestión de este tipo ante la corte de garantías.
Las mismas fuentes explican, además, que hay doctrina que contempla esta posibilidad, pero aseguran que también hay dudas jurídicas al respecto. Insisten en que habrá que esperar a que la eventual ley de amnistía se apruebe y entre en vigor para poder estudiar en detalle su contenido y evaluar el impacto que podría tener en la causa.
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