El organismo ha pedido revisar el reparto de fondos e Igualdad atribuye a Política Territorial la decisión de no cambiarlo en 2019
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El Tribunal de Cuentas ha avisado de que la estadística de feminicidios “eclipsa” la eficacia en la protección de las víctimas, según ha aparece reflejado en el informe de fiscalización de las actuaciones para la prevención integral de la violencia de género 2018-2022 al que ha tenido acceso Europa Press.
Además, ha apuntado que, aunque no hay una estadística de los casos en los que la protección evita la comisión de los actos violentos y, en última instancia, de los asesinatos, las cifras de mujeres que se incorporan a las bases de datos del Sistema VioGén aumentan cada año, pasando de 50.000 en 2015 hasta las casi 75.000 en 2022.
También constata que las víctimas valoradas en situación de riesgo alto o extremo se han multiplicado por siete en el mismo periodo, desde los 107 casos en 2015 a los 734 al cierre de 2022.
España publica desde el año 2003 una estadística de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, que recoge un total de 1.236 víctimas mortales en la última década. Esta estadística se actualiza cada vez que se confirma un nuevo caso y en lo que va de año refleja un total de 51 víctimas mortales -frente a las 35 registradas en el mismo periodo del año anterior-.
Además, desde 2013 se contabilizan los menores víctimas mortales en casos de violencia de género, con un total de 49, 1 en 2023. Y desde 2022, el Gobierno contabiliza las mujeres asesinadas al margen de sus parejas o exparejas en España, un balance que arrojan el dato de 47 víctimas mortales hasta el pasado 18 de septiembre.
En sus alegaciones al informe, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, precisa que existen publicaciones científicas que comparan los casos de violencia de género con y sin protección y que se observa un porcentaje de reincidencia mayor (38,7%) en los casos que estuvieron inactivados (sin protección) durante un periodo comparativo, frente al supuesto con protección donde se registra una reincidencia violenta inferior (13,6%).
MÁS RECURSOS PARA LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas ha recomendado al Gobierno “reconsiderar” si el rango de Dirección General de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG) es “adecuado” para ejercer las funciones que le atribuye el artículo 29 de la Ley Integral contra la Violencia de Género “considerando que ha de formular la propuesta de política pública en materia de violencia de género, impulsar y coordinar a otros departamentos ministeriales y trabajar en colaboración y coordinación con las CCAA y entidades locales en el impulso de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género”.
De hecho, denuncia que no se ha reforzado la plantilla de las unidades de violencia sobre la mujer que dependen funcionalmente de la Delegación, función que resulta, según asegura, “esencial para la protección de las víctimas en cada provincia o isla”.
De este modo, considera “urgente y necesario” consolidar las Unidades Territoriales de Violencia sobre la Mujer que son la base del sistema y que se consideran los agentes públicos centrales de prevención, de seguimiento permanente de las víctimas identificadas y de actuación en los casos de violencia grave y de agresión sexual. “Estas unidades no han sido reforzadas, sus funciones no tienen correspondencia con los recursos humanos adscritos y existen muchas dificultades para garantizar la cobertura de unos puestos que requieren una disponibilidad de 24 horas al día, los siete días de la semana y unas competencias profesionales complejas, cuando las retribuciones que son equivalentes a otros puestos resultan poco atractivas por el tipo de trabajo desempeñado”, alerta.
La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, valora positivamente esta recomendación en sus alegaciones. En este sentido, apunta que, además del desarrollo de la Ley Integral contra la Violencia de Género, desde el año 2022 la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la del ‘sólo sí es sí’, otorga nuevas funciones a este departamento. “Para asumir el desarrollo de la citada ley orgánica del año 2022, así como las competencias ligadas a la misma, resulta necesario bien dotar a la Delegaicón de mayor rango o, al menos, dotarla de un mayor número de efectivos”, subraya.
En un comunicado difundido la semana pasada, el Tribunal de Cuentas ya avanzó que había pedido al Ministerio de Igualdad valorar, en colaboración con las vomunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias y otras asociaciones equivalentes, “otras alternativas de redistribución de los fondos del Pacto de Estado en las Entidades Locales, especialmente en las de menor tamaño”, ya que, a su juicio, “serían más eficaces otros repartos soportados en economías de escala”.
En las alegaciones que recoge el informe completo del organismo fiscalizador, Montero recuerda que en 2019, el personal de la Delegación mantuvo una reunión con el Ministerio de Política Territorial, con el objetivo de valorar la posibilidad de que las Diputaciones se hiciera cargo de los fondos de todos los municipios con una población inferior a 100.000 habitantes. Sin embargo, añade que la propuesta se descartó por parte del ministerio, por considerarse “demasiado complicada de llevar a la práctica”.
Así, el Tribunal de Cuentas ya ponía de manifiesto el pasado 26 de octubre la necesidad de revisar el diseño del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para “mejorar la eficiencia en la asignación de los fondos”. En cualquier caso, indicaba que las dotaciones presupuestarias previstas de 1.000 millones se han aplicado y que la mayoría de las medidas se han implementado o están en curso.
Por otro lado, señalaba que los fondos del Pacto de Estado transferidos a las comunidades autónomas “han consolidado los servicios autonómicos de prevención y de asistencia integral de las víctimas”. Sin embargo, añadía que es preciso seguir mejorando los recursos de atención a los colectivos más vulnerables y las prestaciones en el mundo rural.
En esta misma línea, respecto de las entidades locales, apuntaba que, aunque estas han participado en la red para la atención integral de la violencia de género en cada comunidad autónoma, en los primeros años de aplicación los resultados “no fueron los previstos”.
Esto ha sido debido, según el Tribunal de Cuentas, prcisamente a los criterios de reparto, que diluían el fondo en “pequeñas aportaciones” que no alcanzaban un mínimo que permitiese la creación de unidades administrativas en los municipios, ni estimulase la aplicación de las medidas especialmente en los de menor tamaño.
También afirmaba que la situación ha mejorado “sustancialmente” desde 2020, tras los cambios en los criterios de reparto y la duplicación del fondo anual hasta los 40 millones de euros. Sin embargo, añadía que, “se debe seguir avanzando para adaptar las actuaciones a las áreas de mayor riesgo en función de las particularidades de la población de cada municipio”.
LA SENSIBILIZACIÓN REDUCE LA VIOLENCIA
Por otro lado, respecto a las actuaciones públicas de sensibilización y protección que se vienen realizando en los últimos 20 años, el Tribunal de Cuentas subraya que “están contribuyendo a reducir la violencia que sufren las mujeres y, particularmente, los feminicidios”. No obstante, destacaba que el objetivo de erradicación estaría “lejos” de conseguirse.
Finalmente, el Tribunal alertaba sobre los malos usos de Internet y de las nuevas tecnologías entre los jóvenes. “Existe una preocupación generalizada”, aseguraba. Así, señalaba que es preciso mejorar la coordinación y colaboración entre los servicios educativos de las distintas administraciones.
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