MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Constitucional sentenciará la próxima semana el caso del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez –hoy líder de Proyecto Drago– que lleva pendiente más de dos años.
El asunto fue a Pleno el pasado octubre con una ponencia donde la magistrada progresista María Luisa Segoviano proponía amparar al otrora dirigente ‘morado’ al considerar que los efectos jurídicos de la condena que le impuso el Tribunal Supremo (TS) fueron desproporcionados porque le hicieron perder el escaño.
En medio del debate, Segoviano decidió retirar su borrador para estudiarlo mejor porque, si bien la mayoría progresista estaba de acuerdo en amparar a Rodríguez, no había unanimidad respecto a los motivos para estimar su recurso.
Fuentes de la corte de garantías detallan que la nueva ponencia de Segoviano propone igualmente dar la razón a Rodríguez pero no por una supuesta desproporción, sino porque expone que el Supremo vulneró el principio de legalidad penal al imponer la inhabilitación para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo como pena accesoria de la condena principal, que finalmente fue una multa.
El TS condenó a Rodríguez a un mes y quince días de prisión como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, por propinarle una patada a un policía durante una manifestación que tuvo lugar en 2014 en La Laguna (Tenerife) contra la llamada ‘Ley Wert’.
El Supremo le acabó sustituyendo la pena de prisión por una multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros), si bien aclaró que este reemplazo de la pena principal no afectaba a la pena accesoria, que fue la que finalmente dio lugar a que Rodríguez perdiera su asiento en el Congreso de los Diputados. Para Segoviano, esta operación jurídica fue incorrecta porque al sustituir la pena de cárcel por una de multa ya no era posible mantener la inhabilitación.
Rodríguez acudió al TC para combatir la sentencia del Supremo pero también presentó un segundo recurso contra el acuerdo adoptado el 22 de octubre de 2021 por la entonces presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, para retirarle el escaño después de que el TS le condenara.
El Constitucional fallará ahora sobre el primer asunto, dejando el segundo para más adelante.
A ello se suma que el exdiputado ‘morado’ lleva desde enero de 2022 a la espera de que el TC conteste a una medida cautelar, con la que buscaba que se le devolviera el acta de diputado, que planteó al mismo tiempo que pidió amparo al Constitucional.
La Fiscalía del Tribunal Constitucional apoyó amparar al político canario por la retirada del escaño, no así en la impugnación contra el fallo del alto tribunal.
AMNISTÍA
En el Pleno de la próxima semana se espera también que el TC respalde la ponencia redactada por el magistrado progresista Juan Carlos Campo que propone admitir a trámite el recurso presentado por el PSOE contra la reciente reforma operada por el PP en el Senado para dilatar la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de amnistía, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
Conforme al orden del día, el TC estudiará la propuesta presentada por el exministro de Justicia, que apuesta por admitir a trámite el recurso firmado por más de 50 senadores socialistas contra la reforma de los artículos 133 y 182 del Reglamento del Senado que quedó aprobada el pasado noviembre a instancias del PP y con el respaldo de Vox y UPN.
El artículo 133 se modificó con el fin de atribuir a la Mesa de la Cámara Alta la facultad de decidir en cada caso sobre la pertinencia de la tramitación urgente de una proposición de ley procedente del Congreso de los Diputados, en un plazo de 20 días, o de forma ordinaria, en un plazo máximo de dos meses.
Además, los ‘populares’ incluyeron en la reforma la modificación del artículo 182, de modo que el presidente del Gobierno y el resto de miembros del mismo estarán obligados a comparecer en el Senado cuando lo soliciten dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los senadores.
Las fuentes jurídicas apuntan que lo más probable es que la mayoría progresista del TC –de siete magistrados frente a cuatro– apoye la ponencia de Campo dando curso a la impugnación socialista. De ser así, quedaría pendiente el fallo sobre el fondo del asunto.
LOS FONDOS EUROPEOS
Por otro lado, entre los asuntos que irán al próximo Pleno está el recurso ‘popular’ contra la decisión adoptada el 4 de febrero de 2021 por Batet de no reclamar al Gobierno el dictamen elaborado por el Consejo de Estado sobre la concesión de ayudas procedentes de los fondos europeos en el contexto de la crisis de la COVID-19.
El PP reprocha a la ya ex presidenta de la Cámara Baja que no recabara dicho informe en el momento de convalidar el decreto-ley 63/2020 por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a personas trabajadoras que ejerzan derechos de reducción de jornada o excedencia en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de coronavirus.
Las fuentes consultadas indican que la ponencia redactada por la también magistrada progresista Laura Díez apuesta por rechazar la impugnación formulada por los de Alberto Núñez Feijóo porque el Reglamento del Congreso de los Diputados solo exige que cuando se vote la convalidación de un decreto-ley esté publicado en el diario de la sede legislativa, por lo que entiende que Batet no estaba obligada a solicitar documentación adicional.
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