LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Constitucional (TC) ha considerado que el Estado es el competente para decidir sobre el derribo del hotel Oliva Beach, en la isla de Fuerteventura, al rechazar por unanimidad el recurso presentado por el Gobierno de Canarias, según indicaron fuentes del TC.
Ante esta información, el consejero canario de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, del que depende la Dirección de Costas, ha explicado que aún no han podido analizar el pronunciamiento del TC, si bien matizó en declaraciones facilitadas a los medios de comunicación, que parece que el Tribunal Constitucional no entra “en el fondo del asunto”.
“Canarias lo que defiende y lo que ha defendido siempre es que es competente en el dominio público, las concesiones en el dominio público, y que, por tanto, no entrábamos en el fondo de si había que derribar el hotel o no, sino que si era competente o no el Estado para la caducidad de esa concesión y, por tanto, el derribo del mismo”, apuntilló para agregar que es ahí donde “al parecer” se ha pronunciado el TC, en “si el Estado es competente a la hora de declarar” la caducidad del expediente.
De todos modos, subrayó que desde el Gobierno canario se seguirá defendiendo el marco competencial que establece el Estatuto de Autonomía de Canarias del año 2018.
Asimismo quiso apuntar que “lo que queda claro” con toda esta situación es que el traspaso de competencias que firmó el Gobierno de Canarias, estando bajo la presidencia de Ángel Víctor Torres, y el Ejecutivo central “ha sido absolutamente insuficiente y desde luego no ha dado cumplimiento a los que establece el Estatuto de Autonomía”.
Rodríguez ha defendido que el Estatuto de Autonomía recoge que el Gobierno de Canarias es competente “precisamente en esta materia”, por lo que se mostró prudente al mismo tiempo que subrayó que el Ejecutivo regional seguirá defendiendo su “capacidad de autogobierno y de tener competencias en el marco de costa”.
Cuestionado sobre si el hotel será o no finalmente derruido, indicó que en este caso será la compañía que tiene la concesión la que “tendrá que defenderse en los tribunales o donde estime para ver qué posibilidades tiene” de mantener o de plantear su defensa y, por tanto, la “supervivencia del hotel y de los puestos de trabajo”, ya que matizó que el Gobierno de Canarias “no se ha posicionado” en eso, sino que lo que ha hecho es “defender el marco competencial que tiene”.
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