MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Constitucional (TC) se dispone a atar los últimos flecos de la tramitación de los recursos y las cuestiones de inconstitucionalidad presentados contra la ley de amnistía para resolver finalmente este 2025 si la norma –de la que ya se han beneficiado al menos 150 personas– se ajusta o no a la Carta Magna.
Los magistrados del tribunal de garantías cerraron diciembre con un Pleno en el que terminaron de admitir a trámite todos los recursos de inconstitucionalidad presentados contra la ley y casi todas las cuestiones de inconstitucionalidad elevadas por los tribunales, salvo una del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que enviaron al fiscal del TC para que se pronuncie. Así, se prevé que este año aborden la decisión de fondo.
En total, el Constitucional tiene sobre la mesa 16 recursos: 12 de comunidades autónomas –Andalucía, Aragón, Madrid, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja y Murcia–, tres de cámaras regionales –Cortes de Aragón, Parlamento de Cantabria y Asamblea Regional de Murcia– y uno de los diputados y senadores del PP.
Además, cuenta con cuatro cuestiones de inconstitucionalidad: una del Tribunal Supremo y tres del TSJ catalán –aunque de momento solo se han admitido a trámite dos–. Fuentes del TC indican a Europa Press que los magistrados darán prioridad a la cuestión del Supremo antes que a los recursos, por lo que será ésta la que marque el camino a seguir en el resto de debates.
Fue el pasado julio cuando la Sala de lo Penal del Supremo –la que juzgó a los líderes independentistas catalanes y se opuso a amnistiar el delito de malversación– se dirigió al Constitucional al considerar que el artículo 1 de la ley vulnera el derecho constitucional a la igualdad y los principios de seguridad jurídica, proscripción de la arbitrariedad y exclusividad jurisdiccional.
El Supremo elevó la cuestión al TC tras estudiar el caso de dos condenados por desórdenes públicos por unos hechos ocurridos en Girona tras la sentencia que condenó al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros cabecillas del ‘procés’.
LA RECUSACIÓN DE MACÍAS
Las fuentes consultadas explican que antes de abordar el fondo de los recursos y las cuestiones, el tribunal resolverá sobre la petición de la Fiscalía de apartar al magistrado y exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José María Macías, del debate sobre la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo por sus pronunciamiento sobre la ley cuando estuvo en el órgano de gobierno de los jueces. Las mismas fuentes apuntan que el asunto se estudiará durante el mes de enero, aunque de momento no se ha fijado en cuál de sus Plenos.
La recusación de Macías es la única pendiente, toda vez que el tribunal –dividido– aceptó la voluntad del magistrado Juan Carlos Campo de apartarse de los debates relacionados a la ley impugnada. Campo decidió dar un paso atrás porque cuando fue ministro de Justicia dijo que la amnistía era “claramente inconstitucional” en el informe que presentó a favor de indultar a los condenados del ‘procés’.
Hasta ahora, y a la espera de lo que se resuelva sobre Macías, el exministro es el único de los 12 magistrados que no participará en las deliberaciones de la amnistía, toda vez que el tribunal rechazó apartar a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y a la magistrada Laura Díez.
LEYES AUTONÓMICAS DE GESTIÓN DE PANDEMIA
Además de los recursos y cuestiones relacionados con la amnistía, el Constitucional abordará este 2025 varios recursos contra leyes autonómicas que se dictaron para gestionar contextos de crisis sanitarias como la pandemia del coronavirus.
El tribunal ya se pronunció el pasado noviembre sobre el recurso de Vox contra la ley de salud de Galicia. Los magistrados estimaron parcialmente los argumentos de la formación al considerar que las leyes que restringen derechos fundamentales solo pueden regularse por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
El TC se pronunció en el mismo sentido sobre un decreto-ley de Islas Baleares aprobado durante la gestión de Francina Armengol que fijaba “medidas preventivas” como la prohibición de desplazamientos y reuniones durante la pandemia.
LEY TRANS DE MADRID Y LEY DE PARIDAD
Al margen, la corte de garantías tiene pendiente pronunciarse sobre la ley por la que se deroga la ley de memoria democrática de Aragón. Los magistrados abordarán el asunto a petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la norma al considerar que vulnera, entre otras, competencias estatales.
Asimismo, el tribunal tiene en la lista de asuntos por resolver el recurso del Ejecutivo contra varios artículos de dos reformas de ley impulsadas por la Comunidad de Madrid relativas a la identidad de género y a la protección contra la ‘LGBTIfobia’, conocida como ley Trans. En este caso, el Gobierno también ve una posible vulneración de competencias estatales.
El pasado julio, el TC –al admitir a trámite el recurso– suspendió de forma cautelar la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados; algunos de ellos, relativos a la atención sanitaria y educativa a las personas transexuales. Ahora tendrá que resolver sobre el fondo del asunto.
Entre los casos pendientes, también figura el recurso de inconstitucionalidad promovido por los senadores del PP contra el apartado de la ley de paridad que elimina el veto a los objetivos de estabilidad. En concreto, la norma especifica que, si el Senado rechaza los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública aprobados por el Congreso, estos se someterán de nuevo a votación por el Congreso aprobándose así si éste los ratifica por mayoría simple, sorteando de esta forma el veto de la mayoría ‘popular’ en la Cámara Alta.
El TC admitió a trámite el recurso a principios de diciembre y este año deberá resolver si vulnera o no los derechos fundamentales de ejercicio del cargo representativo y a la representación política.
Al margen, el Constitucional tiene previsto resolver este enero si admite a trámite el conflicto de atribuciones que el Senado presentó a mediados de diciembre contra el Congreso por ignorar su veto y enviar para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley que conmuta a presos de ETA las penas cumplidas en el extranjero.
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