MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Trabajo y Economía Social contempla la posibilidad de incorporar cambios técnicos en el anteproyecto de ley de reducción de la jornada laboral tras el dictamen del Consejo Económico y Social (CES), que avala la “relevancia” social y económica de la medida pero critica aspectos del procedimiento para la aprobación del texto legal.
Así lo manifestaron fuentes del departamento dirigido por Yolanda Díaz tras el pronunciamiento del CES en un dictamen que contó con el apoyo casi unánime de sus integrantes, incluidos los representantes de CEOE y Cepyme que, en su día, rechazaron suscribir un acuerdo tras 11 meses de negociación con los sindicatos y Trabajo.
“Trabajo tomará en consideración las aportaciones independientes del CES, como no puede ser de otra manera. Hay que recordar que los tiempos de los que ha dispuesto para elaborar su dictamen no han sido los de una tramitación urgente sino los de un informe ordinario, tal y como demandó el propio CES”, especificaron desde el Ministerio.
El informe, pese a reconocer la “relevancia” de la rebaja de la jornada, contiene críticas por el escaso margen que se ha dado al propio CES y a las organizaciones empresariales para realizar alegaciones, así como por los datos “incompletos” sobre el impacto económico de la normativa. Igualmente, defiende flexibilidad y acompañamiento en algunos sectores ante sus peculiaridades y sostiene que la medida no será fruto del diálogo social por no contar con el plácet de empresarios y sindicatos, ya que únicamente se logró un pacto con UGT y CCOO.
Para el Ministerio de Trabajo, los cambios que propone el CES son técnicos y no sustanciales, de modo que indicaron las fuentes consultadas que ya nadie puede dudar del consenso social que existe para reducir la jornada laboral. Además, valoraron positivamente que el CES haya contribuido a mejorar técnicamente la regulación de los otros dos grandes elementos de la ley de reducción de jornada, que son el registro horario y el derecho a la desconexión digital.
En opinión de Trabajo, la propuesta del CES es incluso más amplia que la que se había pactado con los sindicatos, por lo que se abrió a mejorar ese apartado, empleando casos concretos y no cerrados en el texto.
Desde el Ministerio también quitaron peso a las críticas por la “premura” con la que se ha pedido al CES su posicionamiento, recordando que es una cuestión que este organismo plantea con frecuencia. También argumentaron que se ha respetado el tiempo mínimo legal establecido y que se ha ampliado el plazo en unos días, pues, de lo contrario, la votación del informe hubiera sido varias jornadas antes y no este miércoles.
También arguyeron que es difícil establecer un análisis exacto del impacto de la rebaja de la jornada y señalaron que si se hubiera planteado en el anteproyecto el criterio de Trabajo, se habría podido denunciar desde algunos ámbitos que el texto era partidista, porque la visión del departamento dirigido por Yolanda Díaz es muy optimista en relación con la evolución de la productividad, el mercado laboral y el PIB.
Lo que sí reconoce el Ministerio es que se debe regular la flexibilidad hasta el 31 de diciembre del modo en que se aplicaría la reducción de la jornada en aquellos casos en los que no estén amparados los empleados por convenios colectivos, de modo que se extiendan a estas situaciones las posibilidades que establezca la normativa.
También se abrieron desde Trabajo a que el derecho a la desconexión no sea tasado, sino ejemplificativo. En cambio, las fuentes de Trabajo dudaron sobre si es conveniente citar a las empleadas de hogar, dado que podría abrir la puerta a que se las tenga que mencionar en futuras normativas, cuando la tesis de este Gobierno es que se vean incluidas en todos los avances en derechos laborales que se vayan aprobando.
Por ello, insistieron en que serán cambios muy menores y que se llevará el texto al Consejo de Ministros en segunda vuelta a la mayor brevedad posible. No concretó plazos, pero sí que defendió la importancia de que se haya escogido el procedimiento de urgencia y no el ordinario, ya que en el segundo caso una norma puede tardar hasta un año en ser aprobada por segunda vez en Consejo de Ministros.
Igualmente, se mostraron desde el Ministerio optimistas acerca de las negociaciones con los partidos políticos, que ya están en marcha, pues se puede trabajar sobre la base del anteproyecto de ley aprobado hace un mes.
Dicho esto, el Ministerio señaló que agradece la labor del CES y el “apoyo casi unánime”. A su juicio, este respaldo permitirá impulsar la aprobación de una medida que beneficiará a unos 12 millones de personas trabajadoras, especialmente a las más vulnerables laboralmente y actualizar una jornada laboral semanal máxima que ha permanecido invariable durante más de 40 años pese a la “indiscutible” evolución tecnológica y de la productividad.
“Desde el Ministerio también queremos agradecer la labor de los agentes sociales. Organizaciones sindicales y empresariales han contribuido a enriquecer una norma que, tras su paso por las cámaras parlamentarias, mejorará decisivamente los derechos laborales de nuestro país”, concluyeron desde Trabajo.
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