MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Trabajo y Economía Social volverá a reunir este martes a sindicatos y patronal para proseguir con la negociación de la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, mientras que para el jueves UGT y CCOO han convocado movilizaciones ante las sedes de la CEOE en toda España para presionar a los empresarios a que se avengan a suscribir un acuerdo tripartito.
Todo ocurrirá mientras, también este martes, a las 8.30 horas, en la madrileña estación de Atocha, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, junto a las líderes de ambos sindicatos en la Comunidad de Madrid, Marina Prieto (UGT) y Paloma López (CCOO), participarán en un acto de reparto de documentos informativos sobre esta medida.
Se calienta así nuevamente la negociación de un asunto trascendental para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien hizo ‘bandera’ de esta medida para esta legislatura y logró que formara parte del acuerdo de coalición con el PSOE a propuesta de Sumar.
Tras un parón en agosto en las negociaciones, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, reunió el 9 de septiembre a los interlocutores sociales, donde presentó el ‘Plan pyme 375’, que contiene medidas de apoyo a las pymes, con bonificaciones para el “empleo creado” para dar cumplimiento a la reducción de la jornada laboral. Eso sí, a preguntas de los medios, aclaró que “más allá de supuestos vinculados a la sustitución o a la maternidad”, dichas bonificaciones irán encaminadas al fomento de la contratación indefinida que derive de la reducción de jornada.
Asimismo, Pérez Rey también informó de que con este plan se va a “crear un sistema de acompañamiento a los pequeños empresarios para orientarles, para formarles, para asesorarles” mediante una red de orientación y empleo, financiada con los fondos europeos.
Pero fuentes de CEOE apuntaron que la propuesta de Trabajo pretende que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se convierta en “asesor de las pyme para la reducción de jornada, cuando no es capaz de reinsertar siquiera al 3% de los desempleados del país en el mercado laboral, como si no hubiera ya despachos, consultoras y empresas cualificadas para ello”.
Y, por otro lado, la patronal considera que se pone sobre la mesa un plan de ayuda a la pyme que es “absolutamente impreciso, que en sí mismo implica el reconocimiento de que sus continuos anuncios están frenando la creación de empleo”.
DERECHO A DECIR NO
Por ello, el acuerdo se antoja difícil y, de hecho, recientemente, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, reivindicó el derecho de la patronal a no rubricar medidas que creen que del modo en el que se plantean, no van a suponer algo “bueno para el país”.
Los sindicatos, en cambio, quieren “forzar” a que CEOE se avenga a un acuerdo y, de lo contrario, exhortan al Gobierno a que apruebe ya la medida. Por ello, han puesto en marcha un calendario de movilizaciones que incluye este jueves protestas ante las sedes de la patronal de toda España.
Asimismo, los líderes de CCOO y UGT celebraron la pasada semana sendas asambleas sindicales conjuntas en Madrid y Zaragoza para realizar incidencia política. El objetivo no solo es meter presión a la patronal, sino apremiar a los partidos políticos a que se “posicionen” y no sigan “de perfil” con este asunto.
NEGOCIACIÓN LARGA
Pero la negociación viene ya de lejos, pues comenzó en los primeros compases de este año, después de que Sumar incorporara al acuerdo de Gobierno con el PSOE la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. En concreto, en 2024 debería aprobarse una rebaja a 38,5 horas y en 2025 a 37,5.
Tras unas primeras reuniones formales, sindicatos y patronal pactaron, con el plácet del departamento dirigido por Yolanda Díaz, intentar negociar bilateralmente para acordar las claves de la reforma de la jornada. Pero tras meses de encuentros discretos entre los agentes sociales, Trabajo volvió a coger las riendas por falta de consenso. En junio, la tensión entre Trabajo y la propia Díaz fue in crescendo con la CEOE.
La vicepresidenta segunda acusó a la patronal de “hacer política” y dejar a un lado su responsabilidad de mirar por el interés general del país y de las empresas, mientras que Antonio Garamendi reprochó a Díaz que no practique diálogo social “sino monólogo social”, por poner en marcha una mesa de negociación cuyo resultado se conoce de antemano. Garamendi tendrá la oportunidad de pronunciarse nuevamente sobre este tema en unas jornadas de la Fundación FAES en las que participará.
Los sindicatos CCOO y UGT apoyaron en todo momento la medida y apremiaron a CEOE a que realizara propuestas en la mesa, dado que si no, exigirían al Gobierno que adoptara la medida solo con un acuerdo bilateral, sin la parte empresarial.
Al borde de que se rompiera la negociación, el Ministerio rebajó la tensión con la patronal relajando los plazos fijados inicialmente, que pretendían que la negociación concluyera antes de agosto. Así, plantearon medidas más flexibles sobre la mesa, como ampliar los plazos de entrada en funcionamiento de la reducción del tiempo de trabajo en España. En cambio, Trabajo aprovechó para proponer un endurecimiento de las sanciones por la vulneración del límite de las horas de trabajo permitidas.
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