MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, señaló este miércoles que los funcionarios podrán desempeñar el 90% de su jornada en teletrabajo “en aquellas zonas donde haya puestos de difícil cobertura o en riesgo de despoblación”.
Así lo indicó durante una interpelación presentada por el diputado de Teruel Existe Tomás Guitarte sobre las medidas tomadas por el Gobierno para potenciar el teletrabajo de los trabajadores de la Administración.
Montero apuntó que el proyecto de ley del teletrabajo incorporará esta medida que afectará siempre y cuando “el trabajo de origen permita que se pueda desarrolla sin riesgo de que exista ningún colectivo que se pueda ver excluida de la prestación de servicio”.
La medida “va a ayudar a que haya personas que se ubiquen en zonas que no se lo hubiera planteado previamente y, sobre todo, aquellos trabajadores originarios de esta zona puedan tener un elemento añadido por preservar su residencia en estos lugares”, según Montero.
Sobre su implantación, aseveró que los procesos de “transformación profunda” deben “tener un ritmo que permita la ejecución, ya que “no por medidas que puedan ser más floridas en materias de visibilidad se está yendo mejor o más rápido”. “Una enfermedad hay veces que requiere tiempo para poder abordarla, diagnosticarla y poner el tratamiento adecuado”, explicó.
Para la ministra, la oportunidad de que los trabajadores se establezcan en zonas despobladas o “con menor capacidad de empleo” que hay que “hacer compatible con el servicio que se presta a los ciudadanos”. En este sentido, recordó el movimiento impulsado por el jubilado Carlos San Juan ‘Soy mayor, pero no idiota’ para pedir una mejor atención presencial en los servicios bancarios.
Por ello, señaló que, junto con las organizaciones sindicales, se está realizando una “catalogación” de los empleos que “tienen capacidad de estar en ese régimen a distancia”. Este diagnóstico se está realizando por parte de cada Ministerio “de manera singularizada”, así como por parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos. “Tenemos que repensar los servicios públicos para que se puedan usar las tecnologías de manera que facilite el contacto con los ciudadanos evitando que se produzcan situaciones de exclusión”.
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