La ponencia ha correspondido al magistrado Enrique Arnaldo
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Constitucional (TC) convocará un Pleno extraordinario y urgente para decidir si admite o no a trámite el recurso que ha presentado el PP contra el acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso en el que se admitieron las enmiendas parciales –a la proposición de ley que deroga el delito de sedición– por las que se modifica el Poder Judicial.
Según ha informado el tribunal de garantías, este miércoles ha ingresado en el registro de la corte el recurso de amparo que presentaron los diputados del Grupo Parlamentario Popular. La ponencia ha correspondido al magistrado Enrique Arnaldo.
Así las cosas, el presidente del Constitucional –tras haber consultado al vicepresidente– “propondrá la avocación por el Pleno del conocimiento del recurso en una convocatoria extraordinaria y urgente”.
Desde el tribunal han precisado que en dicho Pleno “se resolverá sobre la admisión a trámite del recurso de amparo y, en su caso, sobre las medidas cautelarísimas solicitadas” por los diputados del PP.
EL RECURSO DEL PP
Este miércoles, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado que su formación ha presentado un recurso de amparo ante el Constitucional por el “ataque” del Gobierno al Poder Judicial con su reforma penal y ha reclamado que el tribunal de garantías se pronuncie antes del Pleno de este jueves, que debatirá sobre la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos.
En declaraciones a los medios en la Cámara Baja, Gamarra ha afirmado que la tramitación de la ley que empezó derogando el delito de sedición, luego “abarató la corrupción” con el cambio en el delito de malversación y ahora se quiere “introducir por la puerta de atrás la modificación de dos leyes orgánicas para controla el TC”, la ley del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional.
Por eso, Gamarra ha afirmado que el Partido Popular ha presentado un primer recurso ante el Tribunal Constitucional ante dos enmiendas que, según ha recalcado, pretenden “controlar” el TC y “cuya inconstitucionalidad es manifiesta”.
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