MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
La presidenta del Tribunal Supremo israelí, Esther Hayut, ha acusado este jueves al ministro de Justicia, Yariv Levin, de instigar un “ataque desenfrenado al sistema de justicia” en el marco de la reforma judicial planteada por el Gobierno que lidera el primer ministro, Benjamin Netanyahu.
“Equivale a un ataque desenfrenado al sistema de justicia, como si fuera un enemigo al que hay que apresurarse a derrotar”, ha sentenciado, agregando que lo que se pretende es “asestar un golpe fatal a la independencia y autonomía del sistema judicial”, así como silenciar a la Corte, según ha recogido el diario ‘The Times of Israel’.
En su discurso durante un acto de la Asociación Israelí de Derecho Público en Haifa, Hayut ha alertado de que la iniciativa privará al tribunal de la opción de anular leyes que violan los Derechos Humanos, como el derecho a la dignidad humana.
En respuesta, el titular israelí de Justicia ha cargado duramente contra la presidenta del Supremo, alegando que el máximo órgano judicial es “un partido adicional que está tratando de colocarse por encima de la Knesset (Parlamento) y por encima del pueblo”.
“No escuchamos neutralidad, no escuchamos una posición judicial equilibrada. Su unión con Yair Lapid (ex primer ministro, ahora en la oposición) demuestra que el poder judicial ha perdido el rumbo”, según ha recogido el diario ‘Haaretz’.
Los cambios propuestos por el titular de la cartera de Justicia, en el caso de que sean aprobados por la Knesset, darían al gobierno control sobre el comité de selección judicial y limitarían la autoridad de los asesores legales.
Levin, miembro del Likud, partido de Netanyahu, considera que el activismo judicial ha destruido la confianza en el sistema de justicia, razón por la cual los gobiernos no pueden gobernar de manera efectiva.
Esta propuesta ha provocado las críticas de la oposición, que se han mostrado en contra y han condenado la medida, al considerarla un “golpe político”. Lapid aseguró anteriormente que esta propuesta “no es una reforma legal”, sino “una carta amenazante” para destruir el sistema judicial.
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