También comparecerá el “subse” en el que Ábalos descargó la responsabilidad de las adjudicaciones
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, interrogará este martes como testigo a la empresaria Carmen Pano, que aseguró haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz en octubre de 2020 por orden del presunto conseguidor de la trama, el también empresario Víctor de Aldama.
Pano, según avanzó ‘The Objective’, habría hecho ese pago a cambio de que otro de los socios de De Aldama, Claudio Rivas, consiguiera la licencia para operar en el sector de los hidrocarburos para una de sus empresas: Villafuel, un asunto que ha dado pie a otra investigación en la Audiencia Nacional (AN).
Aunque en el TS tanto Pano como su hija están citadas como testigos, están imputadas en el caso que investiga el Juzgado Central de Instrucción Número 5, a cargo de Santiago Pedraz, por un presunto fraude de 182,5 millones de euros en el sector de los hidrocarburos.
Rivas es otro de los investigados en esta segunda causa –y en otras, también instruidas en la Audiencia Nacional, por hechos similares–, si bien en el ‘caso Koldo’ su relevancia se debe a que, según la Guardia Civil, era quien realmente controlaba Have Got Time, pese a que estaba titulada por la hija de Pano.
De acuerdo con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en junio de 2021 esa empresa pagó 526.500.377 euros por la compra del chalet gaditano de La Alcaidesa que se alquiló ese mismo verano para las vacaciones familiares del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos.
Ese chalet, junto al piso en la madrileña Plaza de España donde vivía JRG, ex pareja de Ábalos; y el inmueble del Paseo de la Castellana de Madrid, que sería una garantía de constructoras hacia el ex ministro de Transportes a cambio de contratos “preadjudicados” de obra pública; son parte de los indicios señalados por Puente contra el ahora diputado.
Se da la circunstancia de que Rivas, que en el TS –centrado en Ábalos, su ex asesor ministerial Koldo García y De Aldama– también comparecerá como testigo, está citado como imputado este miércoles en la AN por un presunto fraude cometido por Gaslow en el sector de los hidrocarburos que se inició en 2021, previo al que le llevó junto a De Aldama a prisión provisional.
“ME LIMITÉ A FIRMAR UNA ORDEN MINISTERIAL”
Además, este martes testificará en el Supremo el ex secretario de Estado de Transportes Jesús Manuel Gómez, en el que Ábalos descargó toda la responsabilidad de la adjudicación de los contratos para la compra de material sanitario a Soluciones de Gestión, empresa de De Aldama.
“Yo me limité a firmar una orden ministerial en la que ordenaba la adquisición de material sanitario. A partir de ahí no participo absolutamente en nada”, afirmó el antiguo responsable de Transportes en su declaración judicial del pasado 12 de diciembre, recalcando que no solo no dio “ninguna instrucción” para que se contratara con una determinada empresa, sino “más bien lo contrario”.
Explicó que, como al Ministerio llegaban “ofertas a veces muy exóticas” y había “mucha ansiedad” en el Gobierno por conseguir material sanitario, temía que la urgencia pudiera derivar en “irregularidades” –advirtiendo incluso “riesgos de malversación”–. Para evitarlo, puso este asunto en manos de Gómez, “sin conocerlo, simplemente por su currículum: Era interventor de Hacienda”.
Ábalos destacó que, aunque no era obligatorio en ese contexto de emergencia, “se pidieron más ofertas” y se bloqueó el pago hasta que el material llegara. De todo ello, aseveró, se ocupó Gómez.
La tanda de testificales continuará el próximo jueves, con la ex pareja de Ábalos, un presunto testaferro de De Aldama y varios empresarios; y seguirá el 4 y 5 de marzo, cuando están citados el jefe de Gabinete de Hacienda, Carlos Moreno; los ex altos cargos de Transportes Javier Herrero e Isabel Pardo de Vera; así como Alejandro de Alas Pumariño, el oficial mayor del Ministerio que en 2020 se ocupó de controlar las mascarillas compradas por la pandemia que se almacenaban en la sede gubernamental y que fue cesado el pasado enero.
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