MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
El Senado pidió este martes al Gobierno que la accesibilidad y los derechos de las personas con discapacidad se tengan en cuenta a la hora de diseñar y desarrollar las llamadas ‘ciudades inteligentes’.
Así se recoge en una moción del Grupo Parlamentario Popular, aprobada hoy en la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad con 17 votos a favor, 11 abstenciones y ningún voto en contra.
En ella, se insta al Gobierno a poner en marcha líneas de actuación y planes para que el conjunto de las administraciones puedan orientar sus acciones en este ámbito. “De forma similar a lo que ya se hizo con el Libro Blanco sobre el Empleo de las Personas con Discapacidad”, apuntó la senadora María Ángeles García.
En la defensa de la moción, a la que el propio grupo presentó una enmienda, García recalcó que se trata de que “el Gobierno lidere y armonice”, y advirtió del reverso de los avances tecnológicos. Mejoran la vida de millones de personas pero “cada vez hay más brechas de acceso por parte de colectivos vulnerables”, advirtió.
“Si queremos alcanzar soluciones viables para todos” es “indispensable el trabajo conjunto y continuo de las Administraciones Públicas y las fundaciones, asociaciones y empresas de las tecnologías de la información y la comunicación”, defendió.
La moción exige así que el diseño de las ‘ciudades inteligentes’ contemple “unas líneas de actuación básicas y comunes que incorporen el enfoque de la discapacidad, entendido como la accesibilidad universal, no solo desde la óptica del gestor, sino también desde el punto de vista del ciudadano”. “Hay que tener cuidado para que las soluciones que se implementan no generen más barreras”, reclamó el PP en su iniciativa.
A su juicio, “corremos el riesgo de utilizar un gran número de aplicaciones para mejorar el uso de la ciudad que no son accesibles para todos, pues el acceso a la tecnología de personas con distintas discapacidades es diferente”.
En cambio, la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad del Senado tumbó una moción del Grupo Socialista que instaba al Gobierno a evaluar el baremo vigente de valoración del grado de discapacidad. La iniciativa, que fue rechazada por 17 votos en contra, 9 a favor y 2 abstenciones, pedía también que las comunidades autónomas refuercen sus estructuras de valoración.
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