MADRID, 20 (SERVIMEDIA)
El sector pesquero español (Cepesca) anunció este martes que presentará un recurso de anulación en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante el cierre inminente, el próximo 9 de octubre, de 87 zonas a la pesca de fondo de Francia, España, Portugal e Irlanda.
Según Cepesca, tras una reunión mantenida con el resto de las flotas comunitarias afectadas y como integrante de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés), se están analizando las demandas a interponer ante el órgano judicial comunitario, tras la publicación este lunes en el Diario Oficial de la Unión Europea del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 de la Comisión, por el que se determinan las zonas de pesca en aguas profundas existentes y se establece una lista de zonas en las que se conoce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o la posibilidad de que existan.
El sector confía en “mantener el respaldo mostrado hasta ahora por los gobiernos central y autonómicos en su denuncia de la tramitación irregular de este acto de ejecución”, fundamentalmente ante la brevedad de los plazos para su entrada en vigor y para la presentación del recurso, que se podrá plantear a lo largo de los próximos 60 días desde su publicación e imprescindible para solicitar una medida cautelar de suspensión.
Asimismo, el sector buscará el amparo del Parlamento y del Defensor del Pueblo europeos e intensificará su labor institucional para trabajar en la otra vía existente de enmendar la decisión de la Comisión Europea en la revisión anual de la medida, tras la actualización del informe científico por parte del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) en noviembre. En este caso, la entrada en vigor de cualquier modificación “se demoraría a los primeros meses de 2023”.
Paralelamente, mantiene su opción de convocar paros y concentraciones ante organismos, tanto nacionales como europeos, en coordinación con otras organizaciones europeas, a través de la EBFA.
Esta prohibición, denunció Cepesca, impactaría “muy negativamente” en el futuro de la pesca de fondo en el Atlántico nordeste y, por tanto, “en más de 10.000 pescadores”. En concreto, la zona clausurada abarca 16.419 kilómetros cuadrados, entre los 400 y 800 metros de profundidad, en las que la CE “aduce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o la posibilidad de que existan”.
Para el sector, el reglamento no ha contado “con las consultas correspondientes obligatorias ni con un análisis de impacto socioeconómico y se basa, además, en informes con lagunas científicas, como el uso exclusivo de la huella de pesca de los barcos de arrastre, y no de las artes fijas”.
Además, subrayaron que el propio CIEM ha reconocido este extremo que “ha utilizado en su informe la unidad de base de una Cuadra C de unos 15-25 kilómetros cuadrados por celda, que no es representativa de la huella real de un buque pesquero”. Asimismo, señalaron que “no ha utilizado la ‘mejor información científica y técnica disponible’, puesto que España había aportado datos con una resolución muy superior a la utilizada por el CIEM que no ha sido tenida en cuenta en la evaluación, propiciando que se muestre un impacto muy superior”.
Por otro lado, en el anexo del reglamento, las coordenadas de las zonas de pesca en aguas profundas existentes “incluyen fondos menores a los 400 y 800 metros, generando la perplejidad e inseguridad a los pescadores españoles y europeos”.
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