MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El Tribunal del Distrito de Kioto ha condenado este jueves a pena de muerte a Shinji Aoba, el acusado de perpetrar un incendio en un estudio de animación que dejó 36 víctimas mortales y 32 heridos, al considerar que el hombre era totalmente responsable, si bien la defensa había argumentado que padecía un trastorno mental.
El juez, Keisuke Masuda, ha afirmado que el acusado cometió “el crimen por voluntad propia y por rencor” contra la compañía, sin que hubiera influencias o engaños, rechazando el argumento de que tuviera algún problema mental. Así, ha aseverado que en el momento del incidente el acusado era capaz de juzgar lo que estaba bien y lo que estaba mal, concordando con el argumento de la Fiscalía sobre su capacidad de asumir responsabilidades.
Además, ha destacado que algunos de los supervivientes vieron a sus compañeros envueltos en llamas, por lo que sufren efectos psicológicos y tienen sentimientos de culpa y remordimiento. “La muerte de 36 personas es extremadamente grave y trágica. Quedaron instantáneamente envueltos en llamas y humo, sin que pudieran escapar”, ha relatado.
“El miedo y el dolor de las víctimas que murieron en el Estudio 1, que instantáneamente se convirtió en un infierno, y que murieron después, son indescriptibles”, ha afirmado al dictar la pena de muerte, según ha recogido la televisión pública japonesa NHK.
La Fiscalía nipona había pedido la pena de muerte al considerar probado que Aoba entró en la sede de Kyoto Animation y utilizó gasolina para iniciar el incendio de forma “premeditada, extremadamente peligrosa y completamente cruel”. No obstante, reconoció que sufría delirios, aunque esto no le eximiría de rendir cuentas con la máxima pena contemplada en Japón.
Japón es uno de los pocos países considerados democráticos, junto con Estados Unidos, que aún aplican la pena de muerte. En 2022, las autoridades niponas ejecutaron a un preso condenado por el asesinato de siete personas en Tokio, mientras que en 2021 se aplicó esta misma pena en tres ocasiones, según Amnistía Internacional.
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