Los socialistas citan la foto de Feijóo con Marcial Dorado y Sumar, Bildu y ERC prefieren eliminar un tribunal que vinculan al franquismo
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El PSOE y sus socios parlamentarios han rechazado este martes con duras críticas la proposición de ley impulsada por el PP en el Congreso de los Diputados para que la Audiencia Nacional asuma los casos graves de narcotráfico aunque no estén ramificados en varias provincias, aludiendo los ‘populares’ al asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz).
Los socialistas han recelado de lo que han calificado como un “nuevo intento de volcar el Gobierno”, con alusiones a la foto del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el narcotraficante Marcial Dorado, mientras que Sumar, EH Bildu y ERC han abogado por eliminar este tribunal que vinculan al franquismo y a la idea de “España-nación”. Además, han criticado que se presente esta iniciativa cuando los ‘populares’ aprobaron otra en el Senado en el mismo sentido hace semanas.
En la defensa de la ley, el diputado del PP José Ignacio Romaní ha defendido la necesidad de que la Audiencia Nacional asuma los procedimientos de “entramados complejos” ligados al narcotráfico, por ser un órgano “especializado, experimentado y de reconocida reputación en el ámbito judicial europeo”.
El diputado del PSOE Juan Carlos Ruiz, sin embargo, ha acusado al PP de “pretender engañar” a la Cámara Baja mediante el “uso partidista” de la tragedia de Barbate obviando, en su opinión, el refuerzo de 640 agentes policiales en la provincia y el Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar en vigor desde 2018, tras llegar Pedro Sánchez al Gobierno para remediar que “se había perdido el principio de autoridad”.
Además de criticar la falta de implicación del presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, el diputado socialista ha instado a Feijóo a explicar “quién pagaba sus vacaciones” con Marcial Dorado. También ha ironizado sobre la propuesta de que la Audiencia Nacional centralice delitos contra el blanqueo de capitales y la “cercanía” con la sede en Génova del PP, que ha calificado de “centro de formación continua de blanqueo de capitales”.
TRIBUNAL DE EXCEPCIÓN Y DAÑAR AL ADVERSARIO POLÍTICO
Los socios parlamentarios han subido el tono de la crítica al hablar directamente de la Audiencia Nacional como “tribunal de excepción” y relacionarlo con el franquismo y con una estrategia de fondo –según Sumar– para “dañar al adversario” político.
En concreto, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu ha señalado que poner fin a la Audiencia Nacional “sería algo simple” si se deroga el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. “Entreguen las togas, pidan perdón y disuelvan la Audiencia Nacional”, ha terminado su intervención tras recordar que existen salas especializadas en las audiencias provinciales y también la Fiscalía Europea.
ERC ha señalado que ellos nunca han reconocido a la Audiencia Nacional porque entienden que no es democrático. “Intentaremos que se suprima esta figura anacrónica”, ha apuntado Pilar Valluguera, afeando que el Tribunal de Orden Público pasara a ser con la democracia la Audiencia Nacional, “los mismos perros con distintos collares”.
JUNTS CRITICA A JUECES POR SU NOMBRE
Por su parte, Junts ha vinculado a la Audiencia Nacional con la estrategia para frenar la aplicación de la ley de amnistía. “No solo no compartimos la atribución de dar más competencias, es que ni tan solo compartimos su existencia”, han dicho.
En concreto, el diputado Josep Maria Cervera ha citado por su nombre a jueces “estrella” como Baltasar Garzón, “esperpénticos” como Alfonso Guevara y a Manuel García Castellón, por la instrucción del ‘caso Tsunami’ que ha resumido en que busca “terrorismo sí o sí”.
“Suprimir a la Audiencia Nacional también implicaría deshacerse de un problema que se ha demostrado endémico, el uso espurio de sus procedimientos y su estructura por personajes como el comisario Villarejo y las todavía existentes cloacas del Estado”, ha añadido.
El PNV ha justificado su ‘no’ en la “descoordinación” por sendas iniciativas del PP en el Senado y ahora en el Congreso, así como por relacionarlo con la muerte de dos guardias civiles en Barbate pero obviando el refuerzo de medios y plantillas en el Campo de Gibraltar, así como la mayor aprehensión de drogas y los detenidos por narcotráfico.
SUMAR ALUDE AL CASO BORJA VILLACÍS
Por parte de Sumar, el diputado Enrique Santiago también ha calificado de “propagandística” la ley impulsada por el PP y ha hablado de la Audiencia Nacional como un tribunal sucesor del franquista de Orden Público, pese a que ha recordado que el Tribunal Constitucional declaró su constitucionalidad.
Santiago ha aludido al caso del asesinato de Borja Villacís, hermano de la exdirigente de Cs Begoña Villacís, porque con la propuesta del PP un caso de “narcotraficantes ultraderechistas de poca monta” acabaría en la Audiencia Nacional, lo que implicaría “sobresaturar” a este órgano judicial con sede en Madrid.
El diputado de Sumar también ha mencionado las “alucinantes resoluciones judiciales sobre presuntas operaciones con tropas rusas por las ramblas mediterráneas o criptomonedas del Kremlin supuestamente utilizadas para pagar urnas”, en alusión a los casos sobre independentistas catalanes como Carles Puigdemont.
Enrique Santiago ha abogado por “democratizar y modernizar la justicia” para poner fin a los “ataques al buen nombre y al prestigio de muchas personas que soportan investigaciones que se alargan en el tiempo con la única intención de intervenir en política y dañar la credibilidad del que se considera adversario político”.
Quien no se cierra a la reforma ha sido Vox, cuya diputada, Blanca Armario, ha calificado la proposición de ley del PP como “el comienzo de un largo camino que aún nos queda por recorrer contra la lucha del narcotráfico”, lamentando que Cádiz ocupa las portadas de periódicos “por ser el campo de batalla de organizaciones criminales, por ser la puerta de entrada de la droga y el coladero de la delincuencia hacia el mundo”.
Además, la formación de Santiago Abascal ha lamentado que jueces, policías y el resto de funcionarios estén en Cádiz “abandonados por los diferentes gobiernos” debido a que el “bipartidismo” de PSOE y PP “cerró los ojos y miró a otro lado”.
- Te recomendamos -
