Los socialistas y ERC dan por hecho que Feijóo hubiera pactado con Junts si hubiese podido: “Les habrían dado todo”
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El PSOE y todos sus socios de investidura han dejado claro este miércoles su rechazado a las enmiendas de totalidad con texto alternativo presentadas por el PP y Vox a la Ley de Amnistía en un debate que se ha convertido en un chorreo de críticas a los ‘populares’ por haber cedido a las tesis de Vox proponiendo la ilegalización de partidos independentistas que habían rechazado antes en varias votaciones parlamentarias.
Durante la presentación de su iniciativa, la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, ha reiterado sus críticas a una ley que, a su juicio, supone el “derrumbe del sistema democrático” porque implica reconocer “que la violencia funciona”, y ha defendido su texto alternativo en el que plantean recuperar el delito de sedición, prohibir negociar con condenados, procesados o fugados y la ilegalización de partidos independentistas.
Millán ha aprovechado el debate para afear al PP que primero pusiera sobre la mesa la “disolución de partidos separatistas”, pero después reculara y se mostrara dispuesto a rebajar el alcance de esta propuesta. “Es una lástima que cada vez que aciertan miren a la izquierda para que les dé su visto bueno. Ustedes no les deben nada, o por lo menos, no deberían”, ha deslizado, antes de reivindicar una “oposición firme” y sin “ambigüedades” ante el separatismo.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha rechazado la amnistía por suponer ser inconstitucional y amparar no sólo “el golpismo político” sino también “actos terroristas” y “de corrupción”. También ha denunciado que abre la vía para “asumir el ‘lawfare'” y “socavar la independencia judicial” porque crea un “coto privado en el que ciertos políticos puedan campar a su anchas sin tener que sentarse ante el control de los jueces”.
NO ES UNA PENA EXTRAORDINARIA
Asimismo, ha defendido la “oportunidad política y la solidez jurídica” de su texto alternativo en el que apuestan por tipificar el delito de “deslealtad constitucional” con distintas penas, como la disolución de los partidos que promuevan referendos ilegales o proclamen la independencia. “No parece extraordinario, si se atenta contra el orden constitucional, que se pueda suspender o disolver a instancias de los jueces”, ha dicho Gamarra.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha ejercido el turno en contra para criticar especialmente el texto alternativo del PP, que ha tachado de “lamentable”, y cargar contra su viraje, al haber pasado de votar contra la ilegalización de partidos independentistas cuando la pide Vox a pedir su disolución. Eso sí, se ha mostrado convencido de que si el PP no hubiera necesitado a Vox para intentar gobernar, “se lo hubieran dado todo a Junts”.
En su réplica, Gamarra ha recriminado al Gobierno que no haya tomado la palabra para defender su ley de amnistía y que haya sido Rufián quien, “cual cobrador del frac”, haya subido a la tribuna para “cobrar” el “precio” que los independentistas le han puesto a Sánchez para seguir en La Moncloa. “Le acepto sobres”, le ha contestado después Rufián con sorna.
A las tesis de PP y Vox en contra de la amnistía sólo se ha sumado el diputado de UPN, Alberto Catalán, mientras que desde Coalición Canaria, Cristina Valido, ha denostado la proposición de ley del PSOE pero también los textos alternativos del PP y Vox, por “desproporcionados”.
El resto de partidos que apoyaron la investidura han avanzado, asimismo, su rechazo a las enmiendas de totalidad, y dedicado reproches al PP por, según han dicho algunos, haber sucumbido a las “presiones” de Vox y defender ahora la ilegalización de partidos separatistas que hasta ahora rechazaban.
PARA DESLEALTAD CONSTITUCIONAL, EL BLOQUEO DEL CGPJ
El portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, Artemi Rallo, ha restregado al PP que para “grosera y obscena” deslealtad constitucional los “1.863 días” que lleva bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial y le ha echado en cara que haya “comprado” a Vox la idea de “ilegalizar a millones de catalanes”.
Como otros intervinientes, Rallo ha puesto el énfasis en el hecho de que el PP pida disolver partidos que organicen referendos ilegales cuando sondeó a Junts para la investidura de Alberto Núñez Feijóo y habría “pactado la amnistía” con ellos, e incluso “desfilado por las Ramblas gritando en catalán libertad, amnistía y estatuto de autonomía”.
“A ver si lo entendemos por la mañana el señor (Esteban) González Pons se toma un cafetito con ellos, por la tarde el señor (Miguel) Tellado los disuelve y por la noche llega el señor Feijóo y los suspende temporal o definitivamente, todavía no lo saben. ¿Pero de verdad no hay nadie en Génova con más luces?”, ha lanzado el diputado socialista.
UNA DESFACHATEZ QUE DINAMITA EL PLURALISMO
En representación de Sumar, el diputado de IU Enrique Santiago, ha denunciado el “doble rasero” que, desde su punto de vista, esconde la propuesta del PP. “Nunca han condenado el franquismo, la mitad de su grupo no votó la Constitución y tienen la desfachatez de presentarnos un delito de deslealtad institucional”, les ha espetado.
El diputado de Junts Josep María Cervera ha recriminado al PP que pretenda tipificar delitos por los que ya fueron “condenados” líderes independentistas y que, encima, quieran ilegalizarles con una iniciativa que “dinamita el pluralismo político”. A su juicio, los primeros condenados por deslealtad constitucional deben ser los ‘populares’ por haber “dinamitado el pacto constitucional recogiendo firmas contra el Estatut”.
También han descalificado la enmienda del PP Jon Iñarritu, de Bildu, y Mikel Legarda, del PNV. El primero ha dicho que con su texto alternativo el PP sólo busca poner “barro y más barro” en el escenario político, mientras que Legarda ha criticado especialmente la recuperación de la tipificación de la convocatoria de referendos ilegales por la que aboga el PP.
Como “involución democrática” ha definido Néstor Rego (BNG) la propuesta de los de Gamarra, mientras que Martina Velarde, de Podemos, ha pedido a los ‘populares’ que “recapaciten” y respeten el pluralismo político que contempla la Constitución.
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