MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El PSOE y el PP han unido sus votos este martes en la Mesa del Congreso y han rechazado la petición registrada por Sumar para poder consultar íntegros los documentos relativos a la investigación que en su día realizó la Cámara sobre el asesinato de Manuel José García Caparrós en 1977. El Congreso ya permitió a IU en 2017 el acceso a esa documentación pero ocultando los nombres de los implicados que Sumar exigía ahora conocer.
Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, los dos partidos mayoritarios han tomado esta decisión basándose en un informe solicitado por la propia Mesa a raíz de la petición registrada por Sumar el pasado 4 de diciembre, coincidiendo con el 47 aniversario del asesinato del joven en Málaga, durante una manifestación en apoyo a la autonomía andaluza.
En concreto, todos los diputados andaluces del grupo plurinacional solicitaron a la Mesa Congreso que desclasificara y permitiera el acceso a toda la documentación sobre este asunto que obre en su poder, y en concreto aquella que se obtuviera en el desarrollo de la investigación abierta en la Cámara, especificando que quería consultar esos documentos “sin anonimizar nombres propios”, es decir, sin ocultar la identidad de las personas que aparecen en ellos.
La Mesa solicitó un informe a la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo, que concluyó que, aún en el caso de que la Mesa levantara el secreto sobre esos papeles, correspondería aplicar la Ley de Patrimonio Histórico Españoles y el decreto de 2011 de regulación del Sistema de Archivos de la Administración General del Estado.
SE PODRÁ A PARTIR DE 2027
Y, según esta normativa, los documentos de antigüedad inferior a 50 años que contengan datos de carácter personal sólo pueden consultarse, sin necesidad de conocimiento de sus titulares, tras la “la oportuna disociación de los datos de modo que se impida la identificación de las personas afectadas”.
Sumar apelaba en su solicitud a la Ley de Memoria Democrática, pero el informe de Documentación, Biblioteca y Archivo, al que ha tenido acceso Europa Press, subraya que esa ley también remite a la norma que establece que esos documentos sólo pueden consultarse de forma anonimizada.
Además, fuentes parlamentarias argumentan que cualquiera de las personas cuyos nombres parecen en la investigación que en su día hizo el Congreso podrían denunciar a la Cámara si dan a conocer su identidad.
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