Solicita que se ponderen los mails que revelarían supuestas maniobras de Hacienda para librar a los ‘populares’ de un delito fiscal
MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
El PSOE ha pedido al Tribunal Supremo que anule la sentencia de la conocida como ‘caja B’ del Partido Popular y que ordena a la Audiencia Nacional celebrar un nuevo juicio que tenga en cuenta los correos electrónicos que obran en la causa sobre el despacho fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, Equipo Económico.
En un escrito, recogido por Europa Press, la acusación ejercida por las exdiputadas socialistas Carmen Ninet y Cristina Moreno en el caso en que juzgó el pago en ‘b’ de la sede del PP en Génova ha solicitado al alto tribunal que requiera esos documentos al Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona así como los informes de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y por la Unidad de Auxilio de Fiscalía Anticorrupción.
Esos mensajes, recoge el escrito, “revelan maniobras del Ministerio de Hacienda tendente a evitar la imputación del PP en el caso de la contabilidad b (financiación ilegal), introduciendo argumentos tributarios para lograr la exculpación del PP del delito fiscal del Impuesto de Sociedad del 2008, por el que finalmente la sentencia de la Audiencia Nacional les absolvió”.
Los socialistas sostienen que los correos electrónicos, revelados por ‘El Periódico de España’, dan cuenta “de un control sobre las respuestas preparadas para contestar al requerimiento” del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, entonces instructor de la causa de la ‘caja b’.
En concreto, los mails intercambiados “por responsables del Ministerio de Hacienda”, con Montoro a la cabeza, “delatan una intervención” de su departamento “en los informes que la ONIF o la Oficina de Auxilio Judicial” remitían por aquellas fechas al magistrado.
La formación insta al Supremo a analizar la “relevancia y certeza” de esos correos y, en caso de que lo considere, anule la sentencia y nombre un nuevo tribunal para una vista oral en la que puedan “ser introducidos en el juicio y sometidos a contradicción”.
“Pues precisamente la ignorancia de su existencia no permitió adentrarse en una línea de interrogatorio que abordara la posible falta de objetividad de los peritos y su falta de servicio a los intereses generales para defender unos particulares, los del Partido (Popular), al que se exoneraba de responsabilidad penal fiscal”, apunta el escrito.
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