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El PSOE quiere que la Audiencia Nacional juzgue delitos de contrabando de material de defensa y tecnología de doble uso

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Plantea su propuesta en una enmienda al proyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha propuesto modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para ampliar las competencias de la Audiencia Nacional con el fin de que se encargue de juzgar los delitos de contrabando de material de defensa y de tecnología de doble uso.

Así consta en una enmiendas registrada por el Grupo Socialista en el Congreso al proyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, que, junto al proyecto de ley de eficiencia procesal y la ley de eficiencia digital, constituye la base legislativa del plan Justicia 2030, defendido por el Ministerio dirigido por Pilar Llop.

En la enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE explica que las conductas relativas al contrabando de material de defensa y de productos y tecnologías de doble uso “exigen una especialización, con informes sensibles para la defensa y están relacionadas con estructuras financieras complejas”. Y han subrayado, además, que la materialización de parte o la totalidad de éstas conductas tienen lugar “en territorio extranjero y/o aguas internacionales”.

Así las cosas, el PSOE considera pertinente que el conocimiento de estos delitos corresponda a la Audiencia Nacional y a tal fin plantea modificar el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir dicha competencia.

COMPETENCIAS DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Hasta ahora, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es competente para enjuiciar delitos contra la Corona, el terrorismo, así como la falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales.

Se suman, además, los delitos relativos a tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en más de una comunidad autónoma.

A este órgano también corresponden las defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio nacional.

En la lista constan a su vez los delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles; y determinados delitos atribuidos a la Fiscalía Europea cuando ésta haya decidido ejercer su competencia.


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