MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados dos proposiciones no de ley, que se debatirán en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para impulsar el programa ‘Campus Rural’ y desarrollar la implantación del mecanismo rural de garantía.
En la primera iniciativa, el PSOE explica que la despoblación “es uno de los desafíos más acuciantes de España, por lo que insta a asegurar que las políticas en materia de reto demográfico “tengan un mayor impacto en el medio rural y en la cohesión territorial”.
“La lucha contra la despoblación no es solo un desafío, sino también una oportunidad para construir un futuro más sostenible e inclusivo para España. Unidas, las administraciones públicas pueden revitalizar las zonas rurales, generar nuevas oportunidades para sus habitantes y garantizar un desarrollo equilibrado del territorio nacional”, señala.
Con esa finalidad, la iniciativa apuesta por “redoblar esfuerzos” para dar a conocer y promover el programa ‘Campus Rural’, que permite a estudiantes de grado o máster completar su formación con el desarrollo de prácticas académicas, “al tiempo que realizan una inmersión total en la vida cotidiana de núcleos rurales con menos de 5.000 habitantes durante varios meses”.
Este programa, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y CRUE Universidades Españolas, “ha demostrado que, a través de la cooperación con el tejido socioeconómico local, es posible insuflar vida a los pueblos”.
Para ello, los socialistas proponen, entre otras medidas, promover mecanismos de cooperación institucional entre administraciones territoriales, universidades y el tejido socioeconómico, a través de la organización de foros de buenas prácticas.
Asimismo, y en consonancia con ello, la otra iniciativa socialista apuesta por “continuar y profundizar el camino iniciado para integrar una perspectiva rural en la legislación y las políticas públicas”, tanto a nivel estatal, como territorial, para tener en cuenta las particularidades de los entornos rurales a la hora de legislar e implementar esas políticas públicas, ya que las áreas rurales “presentan desafíos y necesidades únicas que requieren atención específica y diferenciada”.
Para ello, propone impulsar el desarrollo y la implantación del mecanismo rural de garantía (o rural proofing), que considera que es necesario evaluar el impacto que puedan tener en el medio rural las leyes que aprueben los estados miembros de la Unión Europea.
Se trata de un mecanismo que puede permitir una evaluación correcta de la dimensión territorial, particularmente teniendo en cuenta lo relativo a condiciones de vida, servicios públicos esenciales, actividades económicas, infraestructuras y ordenación del territorio.
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