SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 (EUROPA PRESS)
El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife ha asegurado este jueves que la última prórroga del convenio de dependencia entre el Gobierno de Canarias y los cabildos finalizó el 31 de diciembre, por lo que los servicios del sistema tinerfeño contarían con recursos propios para su financiación hasta abril, una situación “inédita” que, añade el PSOE, ni la presidenta Rosa Dávila ni el Ejecutivo regional “han sabido anticipar ni planificar”.
La formación socialista ha presentado una moción al pleno insular de este viernes en la que podrán de manifiesto “la grave situación” que se cierne en el conjunto del sistema de dependencia en la isla, según han trasladado en un comunicado el presidente del PSOE en Tenerife, Pedro Martín, y la consejera Marián Franquet.
Tras esbozar la situación en rueda de prensa, el PSOE ha dicho que, por tanto, lo que tiene que hacer la presidenta insular es “reclamar al Gobierno de Canarias que trabaje en el nuevo convenio de dependencia.
Explican los soscialistas que la financiación que queda “en el aire” afecta a plazas para personas con discapacidad, dependientes y mayores, residenciales y centros de día. De este modo, comprende desde servicios de la promoción de la autonomía a recursos adaptados a personas con demencias, problemas de movilidad, teleasistencia, grandes hospitales, como el Febles Campos, o la realización de actuaciones en relación con el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
UNA SITUACIÓN QUE AFECTA A MÁS DE 41.000 USUARIOS Y 3.200 PROFESIONALES
Según el PSOE, al no tener un nuevo convenio desde el 1 de enero de 2025, se están pagando los servicios con los créditos exclusivos del Cabildo, que se agotarían en abril. Además, no hay posibilidad de crear nuevas plazas, de incorporar el Servicio de Atención Domiciliaria Especializada (SADE), de ampliar la cartera de servicios ni de garantizar la continuidad de estos, puesto que el Cabildo no tiene recursos a partir de abril.
“Hay que tener en cuenta que esta situación de incertidumbre afecta a decenas de miles de personas en Tenerife, tanto usuarias y usuarios como a cientos de trabajadores de los diferentes recursos que no cuentan con un convenio que garantice los recursos. Solo los usuarios son más de 41.000 personas, a las que hay que sumar los más de 3.200 profesionales”, han señalado desde la formación política.
La situación afecta, no solo al convenio de dependencia, sino que el II convenio de infraestructuras sociosanitarias ha finalizado y no han comenzado las negociaciones del III. Esto significa que el Cabildo tendría que asumir con fondos propios hasta 2028 el coste de obras ya en marcha por valor de 138 millones de euros.
Todo ello, ha recordado Pedro Martín, a pesar de la promesa de Rosa Dávila, de destinar 120 millones de euros para mejorar el sistema de dependencia y crear 2.800 plazas para personas dependientes.
La moción socialista reclamará al gobierno insular y a su presidenta que exija la firma urgente de un nuevo convenio, que este cuente con la financiación adecuada, que se garantice la continuidad de los servicios y la actualización de los precios de los mismos. Además, también se solicitará la puesta en marcha de un plan de choque contra la lista de espera, dotado con un millón de euros.
“Ese millón de euros se incorporó también en el último presupuesto socialista, a propuesta del propio Grupo Popular. No obstante, al acceder al gobierno, no lo ejecutaron, lo incorporaron en el presupuesto de 2024 y lo utilizaron en cuestiones ajenas a un plan de choque”, han denunciado.
La consejera Marián Franquet ha recordado cómo tampoco se ha firmado el nuevo convenio de infraestructuras sociosanitarias, una de las patas “fundamentales” del modelo para una comunidad autónoma a la cola en la aplicación de la Ley de Dependencia. Asimismo, el propio Gobierno de Canarias no ha incluido en los presupuestos autonómicos las nuevas plazas acordadas a finales del año pasado con el Cabildo.
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