MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El primer ministro de Georgia, Irakli Kobakhidze, ha amenazado este martes con revisar las relaciones bilaterales con Estados Unidos después de que el Departamento del Tesoro estadounidense haya sancionado a dos funcionarios del Gobierno georgiano encargados de supervisar a las fuerzas de seguridad durante las protestas que estallaron a raíz de la polémica aprobación de la ley de agentes extranjeros.
“Con esta decisión, la parte estadounidense se acercó a un límite crítico que, en caso de tomar otra decisión similar, podría llevar a una revisión cualitativa de la posición de Georgia respecto de las relaciones entre Georgia y Estados Unidos”, reza un comunicado de la oficina del primer ministro en relación con su reunión con el embajador estadounidense, Robin Dunnigan.
Asimismo, ha señalado que la medida, “aunque tiene como objetivo mejorar las posibilidades de la oposición antes de las elecciones”, es “completamente contraproducente porque, en realidad, no favorecerá los resultados electorales de la oposición ni asustar al equipo gobernante”, fortaleciendo “aún más la motivación del público para mantenerse firme” y “proteger la independencia y soberanía de Georgia”.
En concreto, las sanciones afectan al jefe del Departamento de Tareas Especiales –que depende del Ministerio del Interior–, Zviad Jarazishvili, así como a su adjunto, Mileri Lagazauri. Ambos serían responsables de los ataques a manifestantes, líderes de la oposición, periodistas y activistas “que expresaron pacíficamente sus opiniones” durante las protestas.
Por otro lado, la Administración Biden también ha sancionado a Konstantine Morgoshia, quien es fundador de Alt-Info, una empresa de medios que difunde desinformación y discursos de odio contra comunidades marginadas, así como contra manifestantes pacíficos. En la ‘lista negra’ de Washington también ha sido incluido Zurab Majaradze, una personalidad mediática asociada a Alt-Info que instigó a contramanifestantes a “limpiar el Parlamento georgiano” durante las protestas.
La normativa, llamada Ley de Transparencia de Influencia Extranjera, entró en vigor a principios de agosto y es similar a la legislación rusa de “agentes extranjeros” con la que Moscú marca a los críticos contra el Gobierno. La ley obliga a organizaciones, medios de comunicación y entidades similares que reciban al menos un 20 por ciento de su financiación del exterior a registrarse como “agentes que defienden los intereses de fuerzas extranjeras”. En caso de no registrarse serán sujetas a multas cuantiosas.
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