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El presidente de Renault advierte sobre multas de 15.000 millones de euros a fabricantes europeos por incumplimiento de objetivos climáticos

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Luca de Meo asegura que la industria europea ya ha comprometido unos 250.000 millones de euros en inversiones

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado del grupo Renault, Luca de Meo, ha advertido de posibles multas de hasta 15.000 millones de euros a las que se podrían enfrentar los fabricantes de vehículos europeos si no son capaces de cumplir con los objetivos climáticos de la Comisión Europea en plena crisis tras la caída de ventas de vehículos eléctricos.

“La industria europea ya ha comprometido unos 250.000 millones de euros en inversiones, así que hay que mantener el negocio en marcha”, ha asegurado el directivo en una entrevista con France Inter recogida por Europa Press en la que ha admitido que el grupo podría enfrentarse a una gran crisis de sus operaciones en Francia.

De Meo ha pedido de manera reiterada a la Comisión Europa “flexibilidad” en relación a los próximos objetivos de ventas de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga en los diferentes países europeos en un contexto en el que Bruselas espera confirmar la prohibición de venta de coches de combustión a partir de 2035.

El consejero delegado de Renault asegura que, en estos momentos, el sector en Europa se enfrenta a una fuerte recesión cuando la alemana Volkswagen se plantea cerrar varias fábricas en Alemania por primera vez en sus 87 años de historia.

Por su parte, la pasada semana el sindicato francés CGT informó que Renault está considerando la posibilidad de recortar puestos de trabajo en el país en los próximos tres años, incluso en ingeniería. “Durante 25 años, la industria automovilística europea ha tenido un 30% de exceso de capacidad”, ha admitido De Meo.

Según el responsable de la marca, con los niveles actuales de ventas de vehículos eléctricos, los fabricantes tendrían que abandonar la producción de 2,5 millones de coches de combustión o enfrentarse a las multas previstas por el Ejecutivo comunitario.


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