MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
El presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de Madrid, Fernando Jesús Santiago Ollero, se pronunció sobre el paro de asesores, consultores y otros colectivos que realizan trámites ante la Administración y señaló: “Estamos hartos, pero no podemos dejar tirado al ciudadano”.
“Durante los últimos 4 años, sobre todo, han sido numerosas mis manifestaciones ante el caos que se ha producido en la Administración durante y después de la pandemia, me habéis escuchado o leído señalando que el castillo de naipes que es la Administración, en general, se desmorona. Creo que he sido muy incisivo en el problema que ha creado en nuestra Administración la cita previa”, manifestó Santiago.
“He repetido hasta la saciedad el daño que se le hace al ciudadano como consecuencia de esta situación, que le afecta en su economía y en su salud. He denunciado que algunas normas vulneran, sin lugar a la duda, otras normas fundamentales, como la protección de datos. Se nos han pedido datos que nada tienen que ver con la norma que contiene la petición”, indicó el presidente de los gA.
“Naturalmente, he manifestado que a los profesionales que nos dedicamos a esto nos están sometiendo a un sobreesfuerzo a menudo inhumano, que hemos atendido por nuestros clientes. Ya durante la pandemia, cuando se pensaba que el papel era uno de los principales transmisores del virus, nos la jugamos admitiendo los documentos necesarios para presentar sus impuestos, sus seguros sociales y sus ERTES”, dijo Santiago.
Declaró que “tuvimos que luchar con normas que se publicaban minutos antes de entrar en vigor, y había que hacerlo si no queríamos perjudicar a nuestros clientes”. “Hemos enviado escritos al presidente del Gobierno, al defensor del pueblo, a ministros, secretarios de Estado; hemos contado nuestra problemática en Europa. Nos hemos puesto a disposición del SEPE para arreglar el problema de los ERTE durante el confinamiento y se ha metido nuestro proyecto en un cajón. Luchamos cada día en los medios cuando la situación es límite. Y a pesar de todo, los Gestores Administrativos, como Consejo General, consideramos que, aun cuando a muchos les gustaría, de manera colectiva no podemos dejar tirados a nuestros clientes”, afirmó.
Dijo que si les “gustaría o no es cosa de preguntarle a los gA, a cada uno individualmente. Como Consejo General y como presidente del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, ni puedo ni debo entrar en estas iniciativas. El Tribunal Supremo se ha manifestado en ocasiones sobre el alcance de las manifestaciones de un Colegio Profesional, dada que la colegiación es obligatoria. Pero es que estoy convencido de que no podemos dejar tirados a nuestros clientes. Porque ayer igual algunos de ellos se quedaron sin la opción de presentar un recurso, sin la oportunidad de solicitar una subvención, sin poder reclamar un certificado y, en consecuencia, poder empezar a trabajar”, opinó.
“Le digo a mis compañeros y a los compañeros de otros colectivos: estamos hartos, estamos cansado, mucho sufrimiento para no poder hacer nuestro trabajo como nuestros clientes merecen. En eso estamos de acuerdo, pero debemos seguir luchando en los medios, en los despachos, mientras llevamos a cabo los trámites de los clientes”, indicó Santiago.
Señaló que “el ministro Escrivá ha dicho que la cita previa desaparecerá ya, y lo he oído en algunas reuniones con otros departamentos de la Administración. No ha dicho como, ni qué plazo se dan, ni qué pasos ni con quien van a contar. También estamos hartos de los brindis al sol para callarnos. He oído al ministro Escrivá que la Seguridad Social funcionaba y que se atendía a los ciudadanos que acudían a solicitar su jubilación sin cita previa. Claro que estamos hartos de que nos tomen el pelo, de declaraciones huecas. Pero ¿lo debe pagar el ciudadano? ¿le debemos hacer el juego a parte de la Administración?”.
“Vienen de otros países a ver cómo estamos aprovechando la colaboración público-privada para mejorar algunos trámites. En Europa muchos funcionarios de alto nivel nos han pedido que nos instalemos en sus países. En España tenemos un modelo de colaboradores sociales que funciona. Y la Administración parece empeñada en acabar con nosotros. Somos resistentes. Nosotros llevamos en esto desde el Siglo XV. La ley 11/2007 quiso acabar con nosotros. No pueden terminar con quien conoce al ciudadano y al trámite, no importa lo que peleen por ello. Pero eso no me preocupa, me preocupa el daño que hacen al ciudadano, autónomo y empresario”, continuó Santiago.
Concluyó señalando: “Os propongo algo: aunemos fuerzas para denuncia ante la sociedad como está tratando la Administración al ciudadano y, si queréis, les contamos en qué condiciones estamos trabajando. Os ofrezco mi sede para que nos encontremos. Pero, por favor, que no pierda el de siempre, el más débil, el ciudadano”.
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