Ve posible responsabilidad contable, mientras el PSOE dice que el informe sobre pandemia solo quiere “enredar y enmarañar”
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC), Pedro Pacheco, ha señalado este martes que no hubiera abonado el segundo pago de dos millones de euros a la empresa RR7 una vez que no se había recibido el pedido de un millón de mascarillas y con un plazo de dos millones ya pagado previamente.
En una intervención ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias ha comentado que tras el primer incumplimiento debió tramitarse el contrato de “forma ordinaria”, sin obviar que en un primero momento era normal la contratación por vía de emergencia dado el difícil contexto para obtener material sanitario.
Pacheco ha vuelto a defender que podría haber indicios de responsabilidad contable, motivo por el cual el informe –aprobado de forma definitiva en diciembre– fue trasladado, aún como proyecto dado que en la pasada legislatura no se llegó a aprobar, al Tribunal Cuentas, para dilucidarlas de forma definitiva.
No obstante, ha aclarado que “el proyecto usa el condicional, no se prejuzga nada, y la competencia de fijación de indicios es del Tribunal de Cuentas” –que lo ha archivado de forma provisional al iniciar el Gobierno el expediente para recuperar los cuatro millones de euros–.
Ha defendido la “independencia” de la institución que no le consta que haya habido presiones políticas para aprobar o descartar el informe, al tiempo que ha defendido el “alto nivel” de los técnicos de la Audiencia. “No hay técnicos ni consejeros de primera y de segunda”, ha apostillado.
Ha recordado a grandes rasgos que el informe advertía del pago de dos millones más a la empresa sin haber recibido la mercancía, la existencia de un “fallo informático” que se hizo que se diera por justificado el pago sin la existencia de factura –hecho del que la comunidad autónoma ni siquiera tenía constancia–, que no había autorización del Gobierno de la operación, no estaba justificado el gasto, no hubo concurrencia de empresas y había millones de unidades de material sanitario bloqueadas en hospitales del SCS porque no estaban autorizadas por los servicios de prevención.
Con todo, ha apuntado que el informe es “normal” salvo por el caso de los cuatro millones pagados sin recibir el material y se ha mostrado molesto por la filtración del proyecto de informe en la pasada legislatura.
“Detesto cualquier filtración, va contra el trabajo de la administración”, ha comentado, si bien ha reconocido que no abrió una investigación interna porque es un ejercicio “banal” dado que “es imposible” encontrar el origen, pues podría haber salido, incluso, del SCS.
La diputada Esther González (NC-BC) ha dicho que el informe es un “desaguisado” y duda de su “objetividad”, y ha reprochado a Pacheco que no pudiera en marcha una investigación interna para saber quién filtró el documento.
Manuel Hernández (PSOE) ha intentado no “socavar el prestigio” de la institución pero sí ha pedido “altura y responsabilidad” porque el informe presenta “anomalías” y “omite datos relevantes” con la intención “enredar y enmarañar” y “no arrojar luz”, al tiempo que ha cuestionado también “los tiempos elegidos para que se publique”.
“LO QUE FUERA PARA QUE LOS PROFESIONALES TUVIERAN MATERIAL”
En la misma sesión también ha intervenido Gervasio Rodríguez, exconsejero de la Audiencia en la pasada Legislatura a propuesta del Grupo Socialista y que se ha esforzado en aclarar que no votó en contra del proyecto de informe, pero sí pidió que quedara sobre la mesa porque faltaba un informe jurídico y había discrepancias entre consejeros.
“Manifesté cosas, algunas me hicieron caso, otras no, había cosas que compartía y cosas que no, ahora, años después, ya no vale la pena”, ha comentado, abriendo la puerta a que se podía haber votado con la emisión de votos particulares “pero se votó y salió lo que salió”.
Ha indicado que el equipo técnico de la Audiencia es “fantástico” y aunque jurídicamente ha admitido que la contratación por emergencia a lo mejor no era la ideal, comprendía la situación. “Había que hacer lo que fuera para que los profesionales tuvieran material”, ha señalado.
SAAVEDRA: AL INFORME LE FALTABA PRECISIÓN
María Saavedra, también exauditora por iniciativa de NC-BC, ha reconocido que no estaba de acuerdo con el proyecto de informe porque debía redactarse con “más precisión” aunque ha apoyado la contratación por emergencia porque en esos momentos “prima la celeridad más que la formalidad” e incluso se podía contratar hasta de forma verbal.
Ha admitido que “tuvo que ser muy complicado gestionar aquella época”, algo que ha personificado en la exdirectora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, investigada por el ‘caso mascarillas’, y que “tuvo que tener una presión tremenda” por lo que entiende que “habría que ser más delicado”.
Ha comentado que se suscribieron “muchísimos contratos” en la pandemia si bien Canarias fue de las comunidades que menos utilizó la vía de emergencia, con la salvedad de que hay uno de cuatro millones de euros –el de RR7– que no salió bien porque no se recibieron las mascarillas.
Ha aclarado también que la Audiencia de Cuentas “no tiene competencias ni formación” para detectar ilícitos, que es competencia del Tribunal de Cuentas, que en todo caso ha archivado el expediente al solicitarse el reingreso de las cantidades.
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