MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, ha vetado este martes un proyecto de ley que permitía abrir una nueva investigación sobre la tragedia que tuvo lugar el 29 de octubre de 2022 en un barrio de Seúl con motivo de las fiestas de Halloween, en la que murieron 159 personas a causa de una estampida.
Yoon ha ejercido así su derecho a veto al presentar una moción que exige a la Asamblea Nacional de Corea del Sur reconsiderar esta normativa presentada por el opositor Partido Demócrata (PD) a principios de este mes.
Dicha moción cuenta con el visto bueno del Gabinete surcoreano. El proyecto de ley, que pasa ahora de nuevo a manos del Parlamento, recogía la necesidad de establecer una comisión especial de investigación para examinar nuevamente las causas de la mortal estampida del barrio de Itaewon.
El primer ministro surcoreano, Han Duck Soo, ha indicado que la legislación otorga “demasiado poder” a la comisión, por lo que podría incurrirse en una violación de los principios constitucionales. Además, aseguró que no se puede garantizar la imparcialidad o neutralidad a la hora de formar la comisión en cuestión, según informaciones recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.
El proyecto de ley apunta a que la comisión esté formada por once miembros, cuatro de ellos recomendados por el partido gubernamental y otros cuatro por la oposición, mientras que los otros tres serían recomendados por el Parlamento teniendo en cuenta la postura de las víctimas.
“Existe una gran preocupación por que la imparcialidad y la neutralidad puedan verse comprometidas en el proceso”, ha declarado Han al presidir la reunión del Gabinete. Asimismo, ha asegurado que el Gobierno reforzará el apoyo destinado a salud mental para las víctimas y familiares, lo que incluye ampliar la cobertura sanitaria para los afectados.
Además, el Gobierno prevé agilizar las indemnizaciones a las familias de las víctimas independientemente del resultado de los juicios que se encuentran actualmente abiertos. En este sentido, las autoridades han confirmado la apertura de una comisión dependiente de la oficina del primer ministro para abordar las medidas en cuestión y mantener la comunicación con las familias de las víctimas.
El gubernamental Partido del Poder Popular (PPP) se ha opuesto firmemente al proyecto al considerar que es una ley “injusta” que permitiría al bloque opositor dominar la comisión y elegir a personas favorables a la oposición.
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