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El PP y Vox solicitan a la Comisión Europea que se pronuncie sobre el supuesto “ataque” del Gobierno al juez Castellón

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Ciudadanos ya pidió amparo a Bruselas para los jueces españoles en una carta al comisario Reynders

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El PP y Vox han reclamado este lunes a la Comisión Europea que se pronuncie sobre el “señalamiento” y el “ataque” del Gobierno al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, quien ha defendido investigar al ex presidente catalán Carles Puigdemont por presuntos delitos de terrorismo en relación los disturbios supuestamente orquestados por Tsunami Democrátic en el otoño de 2019 en respuesta a la sentencia del ‘procés’.

El pasado viernes, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera aseguró que García Castellón tiene “cierta querencia” a pronunciarse en “momentos políticos sensibles”. Ante la polémica abierta, Moncloa matizó poco después sus declaraciones y aseguró que respetará la decisión que adopte la Audiencia Nacional sobre el caso ‘Tsunami’.

Ese mismo día todo el PP salió en tromba contra el Gobierno de Sánchez por “acusar de prevaricación” al juez García Castellón y anunció que llevaría este “hostigamiento” a Bruselas. Además, los ‘populares’ –que exigieron el cese de Ribera– anunciaron que usarán su mayoría absoluta en el Senado para reprobar a la también ministra de Transición Ecológica.

MONTSERRAT INFORMA DEL COMUNICADO DEL PODER JUDICIAL

Este lunes, la portavoz del Grupo Popular en Bruselas, Dolors Montserrat, ha pedido a la Comisión Europea que condene “todo señalamiento” a jueces por hacer su trabajo con acusaciones “graves e inadmisibles” en democracia.

A través de una pregunta parlamentaria, Montserrat exige también a la Comisión Europea que inste al Gobierno de España a respetar la separación de poderes y velar por la lealtad institucional, según ha informado el partido en un comunicado.

La también vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo ha informado a la Comisión Europea del comunicado del Poder Judicial en el que alertan de las afirmaciones “como contrarias alprincipio de lealtad institucional y al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea”.

A su entender, es “inadmisible y vergonzoso que desde el Gobierno se acuse a jueces de trabajar guiados por el interés político”. “En España se ha implantado desde la Moncloa el argumentario de que todo vale por estar en el poder, desde ceder ante el chantaje de los condenados y prófugos, hasta comprar sus acusaciones de que en España la justicia no funciona abriendo la puerta a la desconfianza ciudadana. Y el PP no se va a callar ante esta preocupante deriva del PSOE”, ha avisado.

BUXADÉ: “¿QUÉ VA A HACER EUROPA PARA PROTEGER EL ESTADO DE DERECHO?”

También Vox registrado una pregunta parlamentaria en el Parlamento Europeo para reclamar a Bruselas que tome posición frente a las declaraciones de Ribera y aclare si considera que la vicepresidenta llevó a cabo un “ataque a la independencia judicial” en España.

En el escrito, el jefe de la delegación de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, pide al Ejecutivo comunitario que “explique qué va a hacer Europa para proteger el Estado de derecho en España”, según ha indicado la formación en un comunicado.

También Vox ha pedido en el Congreso reprobar a la vicepresidenta tercera. La formación de Santiago Abascal considera “imprescindible” que “otro de los poderes del Estado reconvenga al Gobierno a fin de proteger la democracia y evitar la injerencia entre poderes”.

CS PIDE AMPARO A BRUSELAS POR CARTA

También Ciudadanos pidió el viernes al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que dé amparo a los jueces españoles contra “los ataques” del Gobierno, tras las críticas de Teresa Ribera al juez Castellón.

Así lo solicitó en una carta la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua, que alertó de que declaraciones como la de Ribera –“respaldadas por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz”–, ponen en juego “la aplicación” el ordenamiento jurídico español, que no debería quedar “al albur de la deriva populista del Gobierno de España”.


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