MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha registra en el Congreso una Proposición de Ley Orgánica para que los juzgados especializados de violencia de género no tengan que asumir los procesos sobre los delitos contra la libertad sexual aunque no exista un vínculo matrimonial o análogo entre el agresor y la víctima.
En concreto, el texto de la proposición, a la que ha tenido acceso Europa Press, plantea modificar la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial para eliminar el apartado recientemente introducido por la Ley de Eficiencia de la Justicia que amplía las competencias de los Juzgados especializados de violencia sobre la mujer, para atribuirles también los delitos contra la libertad sexual, de mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y trata con fines de explotación sexual, aunque no haya una relación entre víctima y agresor.
Según explica el PP en la exposición de motivos, la ampliación de tipos penales susceptibles de instrucción y enjuiciamiento por los Juzgados especializados en Violencia de Género a otras violencias contra las mujeres –tal y como dicta la Ley de Eficiencia de la Justicia– puede tener un “impacto en la desprotección real de las víctimas de violencia de género” ya que estos órganos se verán “desbordados” y “retrasará las sentencias”.
“Si todas las violencias contra las mujeres circunscriben su conocimiento a los juzgados especializados de violencia de género, retrasará las sentencias y desprotegerá a unas víctimas, especialmente vulnerables, cuyo calvario judicial puede desembocar en una disminución de las denuncias y la consiguiente impunidad de sus agresores”, precisa el grupo parlamentario popular.
Según señalan los ‘populares’, muchos de los delitos contra la libertad sexual de las mujeres son “de extraordinaria complejidad en su persecución”, como es el caso de la trata vinculado a grandes redes y organizaciones criminales, “lo que va a suponer un innegable aumento de la carga de trabajo” de éstos juzgados o de las secciones de los tribunales de instancia que los sustituyesen, en su caso, “conduciéndolos a un desbordamiento que, lamentablemente, repercutirá en la reducción del tiempo de atención a las víctimas para sus interrogatorios y diligencias de instrucción, afectando muy negativamente a la calidad del servicio y a la eficacia de una reacción inmediata en protección de la víctima”.
Además, el grupo parlamentario popular destaca en el texto que aunque los delitos contra la libertad sexual “vienen experimentando un considerable aumento en los últimos años”, los Juzgados de Instrucción y los Juzgados de lo Penal, “no han experimentado, paralelamente, el mismo crecimiento para atender tal volumen de trabajo”.
Por ello, la proposición de ley también establece que el Gobierno, “en el plazo de tres meses” desde la entrada en vigor de la norma, incremente “el número de secciones de violencia sobre la mujer, tanto de los nuevos tribunales de instancia, como de las audiencias provinciales, o el refuerzo de las ya existentes, con más medios materiales y humanos”.
Asimismo, contempla que el Ejecutivo deberá “destinar de forma preferente los recursos económicos suficientes” dirigidos a proporcionar las dotaciones necesarias en las secciones de tribunales de instancia y en las secciones de violencia sobre la mujer de las Audiencias provinciales, “e incrementará convocatorias y plazas de jueces y magistrados especialistas en violencia sobre la mujer”.
Del mismo modo, señala que el Gobierno “consignará urgentemente fondos para compensar a las CCAA con competencias en materia de justicia para que puedan afrontar los costes de los diversos cambios normativos”.
Igualmente, la norma da un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la misma, y después de forma periódica, para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) convoque un curso especializado sobre las distintas formas de violencia contra la mujer. También indica que el Gobierno deberá promover la convocatoria de cursos de formación especializada para los miembros del Ministerio Fiscal.
Asimismo, la proposición de ley de los ‘populares’ introduce algunos cambios en la Ley del Poder Judicial de 1985 para que en el acceso a las secciones penales especializadas en violencia sobre la mujer de las audiencias provinciales y de los tribunales de instancia se dé prioridad a jueces y magistrados con experiencia previa en la materia.
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