Gamarra justifica el recurso contra la Ley de Servicio Público de Justicia acusando a Sánchez de “trilerismo” por “colar” este cambio
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El PP ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Servicio Público de Justicia por entender que contiene una vulneración de la Constitución Española al “ceder” a la comunidad autónoma del País Vasco competencias que son exclusivas del Estado. A su entender, el Ejecutivo estaría provocando una “fractura o destrucción del carácter uniforme de la escala de funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional”.
En concreto, la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo considera que esa norma atenta contra el régimen de distribución de competencias contemplado en el artículo 149.1.18 de la Constitución, así como a las posibilidades previstas en la Carta Magna para ceder, encargar, delegar o habilitar competencias estatales a las autonomías, según ha informado en un comunicado.
En el escrito de denuncia, el PP también advierte de que esta nueva legislación quiebra la igualdad de los funcionarios públicos, puesto que “afecta indebidamente al derecho fundamental a la igualdad en el acceso a las funciones y cargos públicos”.
Para el PP, atribuir este tipo de funciones, que son competencia del Estado, a una comunidad autónoma “no garantiza el mismo trato a todos los funcionarios” porque la autonomía podría exigir requisitos diferentes para el acceso o la promoción en determinados puestos, según ha añadido la formación.
Según el PP, todo ello supondría la quiebra de la escala de funcionarios de la administración con habilitación de carácter nacional como son los secretarios, tesoreros e interventores municipales, así como la ruptura “abrupta e injustificada” de una regulación que lleva manteniendo España durante más de un siglo, pese a los diferentes regímenes políticos.
CREE QUE SE INTRODUCE “DE TAPADILLO”
Además de ver la disposición como inconstitucional, el PP critica que se haya introducido en esta Ley “de forma desprevenida o de tapadillo” porque “no tiene nada que ver con la materia que pretende regularse”, lo cual supone “relativizar la seguridad y el rigor” con el que debería efectuarse este tipo de modificaciones legales: “No es precisamente edificante ni refleja una razonable técnica normativa”.
“El Gobierno vuelve a hacer trilerismo político colando un cambio legal inconstitucional para dar una nueva cesión a sus socios”, ha declarado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien ha acusado a Sánchez de estar “retorciendo la Constitución para pagar el alquiler de La Moncloa”
El PP ha señalado que no es la primera vez que el Gobierno de Sánchez intenta aprobar esta cesión de competencias exclusivas del Estado al PNV y ha recordado que en 2024 el Constitucional ya rechazó una Disposición similar después de que el Gobierno intentase incluirla en los presupuestos generales del Estado de 2022.
Entonces, ha proseguido el PP, el TC ya anuló esta normativa por no guardar vinculación con las cuentas públicas, pero no se pronunció sobre el resto de motivos de invalidez de la misma. En aquella ocasión, los colegios profesionales de estos funcionarios ya recurrieron la norma y, de hecho, el Tribunal Superior del País Vasco observó la presunta ilegalidad y también recurrió al Constitucional.
Además, el PP ha recordado que ya registró una proposición no de ley en el Congreso en contra de este tipo de “cesiones” por considerar “inaceptable” este tipo de delegación de competencias por “vulnerar el principio de igualdad entre territorios” y “desmantelar la gestión centralizada” de estos cuerpos de funcionarios.
Según el PP, eso puede “abrir la puerta a la politización de los procesos de selección” para cargos tan relevantes en la administración local como los de secretarios generales en ayuntamientos, tesoreros o interventores, según ha indicado el partido en el mismo comunicado.
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