LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 (EUROPA PRESS)
El Partido Popular (PP) de Canarias ha exigido este miércoles al Gobierno de España que asuma “de forma inmediata” y “sin buscar más excusas” la tutela de más de 1.000 menores inmigrantes no acompañados que han solicitado o tienen previsto solicitar protección internacional.
De esta forma, el PP ha instado al PSOE a cumplir la medida cautelar impuesta por el Tribunal Supremo “sin buscar más excusas para incumplir una obligación que llevan más de un año retrasando para asfixiar” a Canarias, según ha informado el Partido Popular en nota de prensa.
Para el coordinador general del PP canario, Jacob Qadri, “se ha demostrado” que su partido “estaba en lo cierto, respecto a que el Gobierno de Canarias tenía razón cuando exigía al Estado que asumiera la tutela de los menores solicitantes de asilo”, por lo que ahora el PSOE “debe demostrar si está para cumplir con sus obligaciones y ayudar a Canarias o van a seguir poniendo excusas y palos en las ruedas”.
Añadió que el Gobierno central “tiene 10 días para poner en marcha lo que se han negado a hacer durante más de un año”, al tiempo que ha preguntado si el Ejecutivo, que lidera Pedro Sánchez, “va cumplir lo que exige el Tribunal Supremo o piensa seguir jugando con Canarias”.
Esta medida afecta a más de 1.000 menores no acompañados, la mayoría de Malí, que “tienen reconocida esta condición o la tendrán a corto plazo”. Añade que a los menores malienses se les concede mayoritariamente protección subsidiaria en España debido a que gran parte del país se encuentra bajo el control de grupos islamistas extremistas o milicias locales, de tal forma que “existe una situación de violencia generalizada y la presencia del Estado es muy limitada”.
A ello se suma “la pobreza extrema, la desnutrición, el matrimonio infantil y la violencia de género” que son “amenazas cotidianas” para esos menores malienses que el Gobierno de España “se niega a acoger y abandona” en Canarias.
“DOBLE MORAL”
Por otro lado, Qadri ha acusado al PSOE de tener “hipocresía” y una “doble moral” que, dijo, “ha quedado en evidencia” con el caso de los menores malienses acogidos en Canarias, ya que ha tenido que ser el Tribunal Supremo el que “les vuelva a pedir, como ha hecho el PP reiteradamente, que asuman su responsabilidad”.
“Si al PSOE lo que le preocupa son los menores inmigrantes por qué el Estado no ha derivado ya a los malienses, que es su competencia, y qué harán ahora. Su relato se desmonta con los hechos. No asume sus responsabilidades y ha estado chantajeando a Canarias. ¿Va a continuar en esa línea? Entendemos que habrá menores que, por razones de arraigo, permanezcan en las islas, pero, ¿Qué harán con las nuevas llegadas? ¿Ayudará el Estado a evitar la masificación en el archipiélago?”, preguntó Qadri.
Finalmente expuso que el Tribunal Supremo, tras examinar las competencias de ambas administraciones, entiende que en la actual situación el sistema estatal de acogida de los menores que solicitan protección internacional “no ha sido puesto a su disposición pese a que es un sistema al que tienen pleno derecho y cuya implantación efectiva sea imprescindible” para corregir la actual situación de hacinamiento en la que estos menores “se encuentran” en Canarias, “abiertamente incompatible” con el superior interés del menor que está obligado proteger.
Además el Tribunal Supremo recuerda, indica, que tanto la Ley 12/2009, de asilo y protección subsidiaria como el Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional, diseñan un completo sistema de acogida para los solicitantes de asilo en el que se incluyen, entre otros, el derecho a recibir prestaciones sociales específicas en los términos que se recogen en esta ley” (art. 18.1.g de la ley).
Y que abarcan los servicios sociales y de acogida necesarios para “asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad” (art. 30 de la Ley de asilo). La gestión del sistema de acogida, apuntó, corresponde a la Secretaría de Estado de Migraciones, según el RD220/2022.
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